Marín sí violó garantías de Cacho: SCJN
La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Lydia Cacho, confirmó que hubo participación de autoridades, encabezadas por el gobernador de Puebla, Mario Marín, para violentar los derechos humanos de la periodista.
El ministro que preside dicha Comisión, Juan Silva Meza, leyó el informe final que como ya se había presentado al pleno de la SCJN el 26 de junio pasado, llegó a la conclusión de que "sí existió un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales de Lydia Cacho".
En aquella ocasión, la SCJN acordó que la discusión del informe final se pospusiera hasta que se publicaran las Reglas para el ejercicio de su facultad de investigación, y este lunes Silva Meza indicó que dicho documento se apega al acuerdo.
El ministro precisó que se incluye el pronunciamiento sobre la suficiencia de la investigación, es decir, que se agotaron todos los elementos disponibles para llevar a cabo la indagatoria.
De igual manera, se incluye la determinación de la existencia de violaciones graves a garantías individuales, así como la precisión de las autoridades involucradas en dichas investigaciones y el señalamiento de los órganos y autoridades competentes para actuar.
Al leer el informe sobre la investigación que fue aprobada y ordenada por el pleno de la SCJN, el 25 de enero de 2007, bajo el expediente 2/2007, el presidente de la Comisión Investigadora también insistió que existió una violación "sistemática y reiterada" en perjuicio de menores de edad.
El ministro nombró a diversos servidores públicos involucrados en este concierto de autoridades para afectar a la autora del libro "Los Demonios del Edén. El Poder detrás de la Pornografía Infantil", una vez que el empresario Kamel Nacif Borge la demandó por los delito de difamación y calumnias.
Entre las autoridades implicadas se encuentran el gobernador de Puebla, Mario Marín; el secretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala; la procuradora General de Justicia de la entidad, Blanca Laura Villeda Ayala; el subprocurador de Averiguaciones Previas, Igor Archundia Sierra, y el director de Averiguaciones Previas, Guillermo Arsención Serna.
De igual manera los agentes del Ministerio Público especializado en Delitos Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio Zavala Morales; así como el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
Asimismo el comandante del Grupo de Aprehensiones de la desaparecida Comandancia de Mandamientos de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno, y los policías judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas.
De las autoridades de Quintana Roo, el informe menciona al procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo; al subprocurador de la zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento Silva y al ex director de asuntos jurídicos de la subprocuraduría de la zona Norte, Javier Brito.
El ministro Silva Meza dijo que son competentes para actuar en el caso, es decir que serán las instancias encargadas de decidir si actúan contra los funcionarios señalados, pues la decisión de la SCJN no es vinculante, el Congreso de la Unión, las Legislaturas locales de Puebla y Quintana Roo.
De igual manera, el Tribunal Superior de Justicia de Puebla; los Ministerios Públicos de Puebla y Quintana Roo; las instituciones de la Procuraduría General de la República, al igual que las de los estados y las instituciones encargadas de la defensa de los menores.
Además son competentes para actuar los tribunales jurisdiccionales, las instituciones públicas dedicadas a la atención de los menores y los poderes Ejecutivos federal y de los estados.
En el informe se pusieron a disposición de las autoridades todos los expedientes que derivaron de la investigación, los cuales suman 131, entre auxiliares y anexos, así como la consulta integral del material probatorio, como son 117 videos con las declaratorias de las personas que participaron en la investigación.
En el pronunciamiento se establece que hubo un "aprovechamiento ilegítimo del poder", a fin de que diversos órganos afectaran las garantías individuales de Lydia Cacho, además de que se comprobó la existencia de actos "deleznables y repudiables" contra menores de edad.
El ministro ponente manifestó que la grabación entre Mario Marín y Kamel Nacif no fue tomada en cuenta como una prueba, sino una hipótesis a partir de la cual se debería buscar la verdad, pues son grabaciones que no fueron ordenadas por un juez.
Sin embargo, durante la única intervención de este día, el ministro, Genaro Góngora se pronunció -luego de leer la trascripción íntegra de la mencionada conversación- por tomarla en cuenta como prueba pues ésta no se llevó a cabo en el transcurso de la investigación.
La Corte continuará mañana martes con la discusión del caso, que se espera sea resuelto luego de varias sesiones, pues tan sólo la presentación del informe duró una hora, mientras que la intervención de Góngora Pimentel fue de casi 40 minutos.
