La Suprema Corte exonera a Mario Marín
La Suprema Corte de Justicia dictaminó que no hay evidencia suficiente que demuestre que las autoridades estatales, incluido un gobernador, violaron las garantías individuales de una periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución.
En votación de seis a cuatro los magistrados determinaron el jueves que no hubo ilegalidad por parte del gobernador del estado central de Puebla, Mario Marín, a quien se le imputaba haber conspirado junto a otros 29 funcionarios y ex servidores públicos para atentar contra las garantías de la periodista Lydia Cacho.
''No se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa'', dijo la ministra Olga Sánchez, quien consideró que la acción penal por difamación contra la periodista se desarrolló en términos legales.
La magistrada reconoció que la reportera fue sometida a ''tortura psicológica'' durante su arresto en diciembre del 2005 en el balneario turístico de Cancún y su traslado vía terrestre a Puebla, a unos 105 kilómetros la sureste de la capital mexicana, pero dijo que se trató de una afectación menor, remediable con otros recursos jurídicos.
Para Cacho el fallo representa ''un mensaje de la Suprema Corte de que en 70 años de existencia siempre se decide para y por los políticos, para y por el poder público y en detrimento de la sociedad''.
''Esto indudablemente que afecta la imagen de la corte'', agregó en entrevista telefónica con la AP.
De inmediato no fue posible obtener una reacción de Marín o alguno de los funcionarios implicados en el caso.
Cacho, quien recientemente fue premiada por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación, fue detenida en 2005 y casi de inmediato enfrentó en libertad acusaciones por difamación, en un proceso que desde entonces había sido considerado irregular por algunos activistas y legisladores y que atrajo la atención internacional.
La periodista publicó ese mismo año el libro ''Los demonios del edén'' sobre presuntos nexos de políticos y empresarios con un red de pedofilia, prostitución y pornografía infantil.
Luego fue acusada de difamación por Kamel Nacif, un empresario textil de Puebla mencionado en el texto. Esa denuncia llevó a su detención.
Para febrero del 2006, sin embargo, el caso se convirtió en un escándalo nacional al difundirse cintas de audio en las que aparentemente conversaban el gobernador de Puebla y Nacif en un diálogo en el que conspiraban para encarcelar a la periodista.
Cacho _quien fue absuelta a principios de 2007 del delito de difamación_ acusó a Marín y a otros altos funcionarios estatales de abuso de poder, intento de violación, tráfico de influencias y de violar sus derechos humanos.
La Procuraduría General de la República aún indaga el caso, pero la periodista aseguró que ya no le interesa continuar esa pesquisa por entender que ''perdería mi tiempo'' y que no tiene ''ningún sentido''.
