Criminales no cobrarán por sus delitos
Los presos no deben de tener derecho a recibir regalías por la venta de obras literarias, televisivas o cinematográficas cuyo contenido sea el delito o delitos por los que se encuentran en la carcel, propuso el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Errasti.
Al presentar una iniciativa de reformas al Artículo 17 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, explicó que con ello se pretende impedir que los delincuentes lucren con sus ilícitos y hagan de esta práctica una costumbre.
Ejemplificó con los casos de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como "Goyo Cárdenas" o "El Criminal de Tacuba", quien escribió tres libros durante su permanencia en prisión.
Asimismo, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) citó el caso de José Luis Calva Zepeda, el "Caníbal" de la Guerrero, quien se decía poeta, escritor y periodista y quien, según familiares habría escrito un libro en la cárcel antes de morir.
Dijo que la iniciativa sienta un precedente histórico en materia de leyes, toda vez que está encaminada a la prevención, sin que ello implique una violación al derecho constitucional del procesado o sentenciado para escribir o publicar.
El legislador explicó que el Artículo 18 Constitucional establece que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otras cosas por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a partir de la formal prisión.
Indicó que es común que se produzcan películas, programas televisivos o novelas que han llegado a ser éxitos taquilleros en las que se describen los crímenes practicados por el autor y otros basados en hechos reales.
Sin embargo, consideró que no se debe permitir que crímenes como el del llamado "Caníbal" de la Guerrero aparezcan en novelas escritas por su propio autor o que de estas se deriven películas, además de las ganancias inherentes.
El legislador panista rechazó, en conferencia de prensa previa a su presentación ante el pleno, que esa reforma tenga como destinatario a Calva Zepeda, pues aseguró que con anterioridad tenía prevista la iniciativa.
Refirió que el antecedente de la iniciativa se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde en 1977 se aprobó una ley que impide a los delincuentes obtener cualquier tipo de beneficio económico por sus crímenes.
