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Industrias van contra reforma electoral

La Concamin se unió al CCE y a la Coparmex al interponer un amparo en contra de la iniciativa; las empresas instaron a la sociedad a seguir la medida y buscar anular los cambios.
jue 13 diciembre 2007 02:07 PM

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) interpuso un juicio de amparo en materia de la nueva ley electoral, como lo hicieron la Coparmex y el CCE, informó el abogado de este último organismo empresarial, Adolfo Arrioja Vizcaino. 

"Pretendemos crear conciencia en la sociedad de la gravedad del monopolio electoral por parte de los partidos". Ya hay un grupo de intelectuales que también considera hacer valer sus derechos para acudir a la demanda", dijo en conferencia de prensa el representante legal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Arrioja Vizcaino externó su desacuerdo con la postura del senador Santiago Creel en este tema, y aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva el juicio. 

Explicó que hay una jurisprudencia en el sentido de que no proceden los amparos contra las reformas constitucionales, por lo cual los jueces de Distrito desechan esos recursos y es la Suprema Corte la que a final de cuentas dará una resolución. 

Arrioja Vizcaino sostuvo que no se puede reformar la parte orgánica de la Constitución mediante violaciones a las garantías individuales y básicas de los mexicanos, como la libre manifestación de ideas. 

"No es válido -dijo- que bajo el pretexto de regular los procesos electorales se pretenda atacar un derecho básico de los mexicanos". Los intereses de los ciudadanos deben permanecer por encima de las negociaciones de los partidos políticos, aseveró. 

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El litigante resaltó que los diputados son representantes populares y la libertad de expresión es una conquista del pueblo mexicano, por lo cual ante la necesidad de reformas electorales se debe buscar el consenso de los ciudadanos y no sólo de los legisladores. 

Por lo anterior, el sector empresarial llamó a la sociedad a ampararse contra las reformas constitucionales en materia electoral y evitar que los partidos monopolicen los procesos electorales y se violen derechos básicos de la población, como la libertad de manifestar sus ideas.

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