Aprueban ley vs conflicto de intereses

El Senado voto a favor de un dictamen que impide a los legisladores el tráfico de influencias; es la primera vez en 90 años que se reforma el artículo 62 constitucional para imponer limites.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la Ley del Régimen de Incompatibilidades, que impide a los legisladores tener otro trabajo para evitar conflicto de intereses y el tráfico de influencias, o de lo contrario perderán el cargo.

Según el dictamen, elaborado con base en una propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), el objetivo es que senadores y diputados acaten los principios de transparencia, y que no ocupen otros cargos dentro de la administración pública federal.

Los legisladores estarán impedidos para intervenir en asuntos que le signifiquen conflictos de interés directo, y no podrán representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros frente a los de cualquier ente o persona moral de derecho público.

Además, se les obliga a incluir en su declaración patrimonial  muebles e inmuebles, partes sociales, bonos, fideicomisos y demás bienes de carácter económico, así como los pasivos, tanto del legislador, su cónyuge y sus dependientes económicos, sean titulares o beneficiarios.

También se les exige abstenerse a votar si tienen "algún interés personal en la discusión de ciertos dictámenes", y se les prohíbe utilizar recursos públicos que tengan a su disposición para fines personales.

El líder de los senadores del PAN, Santiago Creel Miranda, indicó que el artículo 62 constitucional “llevaba 90 años intocado y marca un cambio importante porque si un legislador comete una falla o comete un delito, está en riesgo de que pierda su cargo”.

“Es la primera vez en la historia parlamentaria del país que los legisladores nos imponemos limitaciones, sanciones y responsabilidades muy concretas en materia de conflicto de interés y en materia de actividades que han desprestigiado al Congreso”, subrayó.

Las reformas aprobadas este día por el pleno al artículo 62 constitucional y a diversas disposiciones del Congreso General fueron turnadas a la Cámara de Diputados.