Los empresarios pagan hasta 60,000 millones de pesos para sobornar a funcionarios y así incidir, principalmente, en el contenido de las leyes y favorecerse en sus negocios, calculó el Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) y lo informó este jueves el diario Milenio.
La influencia en las decisiones de los legisladores es una práctica con mayor recurrencia en la zona metropolitana de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reveló la encuesta sobre el costo de la regulación para las empresas en México del CEESP.
También entre las empresas se da esta práctica, por ejemplo en pagos extraoficiales para entre compañías para obtener contratos, ventas y otro tipo de favores, mencionó Mario Rodarte, director del CEESP.
El estudio fue efectuado en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey entre 400 empresas.
El estudio detalla que los sobornos con mayor valor son los relacionados con los trámites ante autoridades municipales, después los estatales y federales.
Los factores que impiden el desarrollo del país son la inseguridad, el comercio informal, el pago de impuestos y la piratería, según mencionó el CEESP.