El proceso de inconstitucionalidad que sufrió la Ley de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, en algunos de sus artículos, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo el aval del presidente Felipe Calderón Hinojosa, “antes de que el asunto fuera discutido en sesión pública, a partir del 28 de mayo pasado”, informó este lunes el diario La Jornada.
Además, los ministros de la Corte se encuentran inquietos por las consecuencias que tendrían sus decisiones adoptadas en torno a que afectaron los fuertes intereses económicos y políticos, menciona la nota del diario.
El diario mencionó que el impacto más grave, según reconocieron ministros consultados, sería que “se consolidara la propuesta de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República de crear un tribunal constitucional que asumiera la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, principalmente, las cuales son competencia de la SCJN. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho saber que se opone, por el momento, a la creación de un tribunal con esas características”, escribió el diario.
Esta creación del organismo implicaría la remoción de los actuales ministros, o los que han defendido una postura autónoma e independiente.
La razón por la cual se lograron los 8 votos para invalidar artículos ''claves'' de las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión es que sabían que el presidente Felipe Calderón ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno'', mencionó el diario.
El 3 de mayo, cuando Aguirre Anguiano –sabido de que no habría problemas problema con el sentido del dictamen- repartió su proyecto de resolución entre sus compañeros.
Sin embargo, algunas horas después el proyecto sería del conocimiento público.
Desde la Presidencia, después de conocido el proyecto del ministro Aguitrre, había “luz verde”, no sólo para actuar ''conforme a derecho'', sino que además el pleno contaba con la promesa del Ejecutivo de que la resolución de los ministros sería acatada y llevada a la práctica.