Congreso recibe reforma electoral
El Congreso mexicano recibió el viernes una iniciativa para reducir la duración de las campañas electorales y el financiamiento estatal a los partidos políticos, considerado el más alto en América Latina.
El proyecto de reforma electoral, que modificaría varios artículos de la Constitución, busca reducir en un 50 por ciento el financiamiento extraordinario que reciben los partidos durante las campañas presidenciales y en un 70 por ciento el que obtienen para las de diputados federales.
En los últimos años se ha levantado una polémica en México sobre los millonarios fondos que reciben los partidos.
El año pasado, cuando el país celebró los comicios presidenciales más reñidos de su historia reciente y renovó ambas cámaras del Congreso, los partidos políticos recibieron 400 millones de dólares. Adicionalmente, pueden obtener aportes de particulares.
"Uno de los reclamos fundamentales ha sido lo largo de las campañas, lo mediático de las campañas", dijo el diputado de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Diódoro Carrasco.
La propuesta, preparada por legisladores y especialistas, busca también establecer los límites de los montos máximos de los aportes privados a los partidos, "cuya suma total no excederá el 10% del tope de gastos de campaña", señala la iniciativa turnada a comisiones del Senado.
"La iniciativa avanza en un aspecto que preocupa a la sociedad: (...) el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de los partidos", dijo el coordinador de los senadores del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones.
La iniciativa plantea también disminuir a 90 días, desde los actuales 186, la duración de las campañas presidenciales y para senadores y diputados federales.
En los años en que haya sólo elección de diputados se reducirán a 45 días desde los 60 días actuales.
En México, se elige presidente y senadores cada seis años, mientras que a los diputados federales cada tres.
La iniciativa se discutirá en el período ordinario de sesiones que se inicia el 1 de septiembre y, una vez aprobada en la Cámara alta, pasará a la Cámara de Diputados, donde podría ser modificada o aprobada definitivamente sin cambios.
En caso de que los diputados hagan reformas a la iniciativa, será devuelta al Senado para analizar los cambios.
