Seguro Popular, en reconstrucción

Daniel Karam Toumeh tiene dos obsesiones: darle transparencia al uso del dinero que tiene el Seguro Popular y lograr que, por reformas a la ley, el programa estrella del ‘gobierno del cambio’ tenga más recursos cada año.

La tarea no es fácil para el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). El escándalo por el fraude de 3.7 millones de tarjetas inteligentes cometido por su antecesor, Juan Antonio Fernández Ortiz (inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos), y los señalamientos de malversación de fondos por parte de gobernadores, han puesto en tela de juicio al organismo. Karam tiene tres retos urgentes: que los estados rindan cuentas del gasto, que éstos separen las funciones de prestadores y pagadores de la atención médica y las medicinas y que el crecimiento de la cobertura del sistema se adecue a la realidad.

Para eso debe corregir las deficiencias que desde su origen tiene el Seguro Popular (SP). En el primer trimestre de 2007, Daniel Karam y su equipo negociaron fuerte para hacer pasar la primera iniciativa de reformas. El proceso demostrará si, como dicen quienes lo conocen, es un buen negociador. Su amistad con el presidente Felipe Calderón –se conocieron en la maestría en la John F. Kennedy School of Goverment, en Harvard– y su trayectoria en el sector lo llevaron a encabezar la CNPSS.

La idea detrás del Seguro Popular fue crear un broker de servicios médicos, sin infraestructura física ni las grandes nóminas que caracterizan al ISSSTE y al IMSS, con quienes compite por los recursos del Presupuesto de Egresos. Pero ese enorme flujo de dinero se escurrió sin control entre las manos de funcionarios federales y estatales, gobernadores y empresas. Como responsable de los proyectos de salud y seguridad social del equipo de transición de Felipe Calderón, Karam conoció los problemas del sistema. Por sus dos antiguos cargos en el Seguro Social –como coordinador de asesores de la dirección general y director de Finanzas– sabe que si no se resuelven estos problemas a mediano plazo el Seguro Popular terminará quebrado financieramente.

En los cuatro años que lleva el SP, los principales cuestionamientos fueron la falta de transparencia de los estados, la malversación de fondos y la cobertura. Las mismas lagunas de la ley que creó al SP y en cómo se negoció con los gobiernos para lograr el apoyo legislativo.

Una de las reformas pendientes importantes busca lograr mayor control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se canalizan a las entidades federativas. Hubo un avance importante en el Presupuesto de Egresos de 2008. El consenso con legisladores y gobernadores es para mantener y fortalecer el presupuesto del Seguro Popular, pero a condición de fortalecerlo también en materia de control, transparencia y rendición de cuentas.

Hay señalamientos de corrupción por parte de los gobernadores, ¿cómo lograrán erradicar esto?

En el capítulo 38 del título 4 del Presupuesto de Egresos se incorporaron unos 14 puntos, entre los cuales se definen a los estados pisos y techos en el gasto de recursos transferidos. Por ejemplo, deben destinar 30% para compra de medicinas; podrán destinar hasta 3% al gasto operativo y hasta 3% al pago de personal administrativo de la unidad de protección social en salud estatal. Deben invertir 20% en acciones de promoción, prevención y detección de los recursos transferidos. De alguna manera se están etiquetando los recursos.

¿Eso es suficiente?, ¿quién vigilará a los gobernadores?

Contrataremos una empresa especializada que medirá el nivel de satisfacción de los afiliados. Y a través de la página electrónica de la CNPSS, las comisiones estatales del SP deberán publicar las tarifas, los precios unitarios que pagan por los servicios médicos y las medicinas y el nombre de los prestadores. Esto favorecerá la competencia entre los proveedores, porque podremos conocer quién ofrece los precios más bajos y la calidad del servicio. Sospechamos que algunos mayoristas de medicamentos se coluden con las farmacéuticas para declarar desiertas algunas licitaciones estatales y, con eso, obligar a los institutos estatales de salud a comprar al precio que esas empresas privadas imponen.

¿Hay investigaciones formales de las posibles empresas coludidas? ¿Hay funcionarios involucrados?

No tengo conocimiento de que la Auditoría Superior de la Federación haya iniciado un proceso por esa causa. No tengo información de casos de corrupción…pero Juan Antonio Fernández está inhabilitado para trabajar en el sector público y tuvo una sanción económica…

(No respondió la pregunta.)

¿Por qué no hay una denuncia formal?

La Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad para iniciar la revisión del ejercicio de esos recursos, sin que medie una denuncia. En la Reforma Fiscal, se dan facultades adicionales a la Auditoría para que cada recurso del gobierno que se canaliza a los estados sea fiscalizable.

¿Qué otras reformas realizarán al SP?

Hay un paquete de reformas en fases preliminares y en el momento que esté avanzado tendremos que someterlo a consideración del Poder Legislativo. La iniciativa de reformas estará lista en el primer trimestre de 2008 y, a fines de marzo, iniciaremos el proceso de consulta.

¿Qué cambios podrían venir?

El más importante es la obligación estatal de separar las funciones entre quien presta y quien paga por los servicios médicos y las medicinas de los afiliados. Otro es establecer un mecanismo para dotar de más recursos a los estados que tienen los mejores indicadores de desempeño. Este ranking se publicará en la página electrónica de la comisión.

Si la situación económica se complica y crece el desempleo, ¿cuál será el efecto en el SP?

Una de las reformas que se deben hacer al sistema es actualizar a la población objetivo reconociendo que ésta debe ser una meta móvil que cambia a través de los años. Eso se debe plasmar en la ley. Cuando se creó el SP la meta era cubrir 11.9 millones de familias y en 2007 la cifra se corrigió a 12.6 millones, suponiendo que todas las familias susceptibles de aseguramiento desean incorporarse. El SP es voluntario; habrá un segmento de la población que no desea incorporarse al SP. De esta última cifra, estimamos alrededor de 600,000 profesionistas o trabajadores independientes con otros esquemas de aseguramiento, como los seguros privados.

¿Qué ocurrirá con las cuotas de los derechohabientes y las metas de cobertura?

Por ley debemos hacer investigaciones actuariales para comprobar que los 255 padecimientos que cubre el SP sean costeables y financieramente viables con los recursos fijos. La actualización de las cuotas debe autorizarla el Poder Legislativo, en caso de que se incorporen más padecimientos y como un mecanismo de financiamiento que permita que la viabilidad financiera del seguro siga como hasta ahora. Hoy, 98% de los derechohabientes no paga por los servicios.

Para garantizar esa cobertura y evitar que el SP llegue a la quiebra, ¿cuánto crecerá el presupuesto hasta 2010? ¿Cuándo vence el plazo para llegar a la cobertura meta?

El presupuesto para 2008, que recientemente aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados, es de 37,000 mdp; un incremento de 44% respecto de 2007. Para 2010 se estima que podría llegar a 75,000 mdp, cuando ya estén incorporadas 12 millones de familias (hoy son 6.05 millones), que sería la población objetivo a cubrir en 2010.

Ya está la infraestructura del Seguro Social y el ISSSTE, y el IMSS atiende a 11 millones de mexicanos en extrema pobreza, ¿por qué triplicar el gasto público?

La motivación de la reforma que crea al SP tuvo tres aspectos. El primer objetivo de la reforma era igualar los recursos públicos que se canalizaban a la población que está en la economía formal y los que no están. En 2003 era casi tres veces más, a cuatro años de operaciones es de 1.9 veces y se espera que en 2010 la relación sea uno a uno. El segundo motivo era evitar el empobrecimiento de las familias debido al gasto de bolsillo. Finalmente, el gasto público que se destina a la salud en el país era de 6.6% del PIB en 2002 y gracias a la reforma a la Ley general de Salud y a la creación del Seguro Popular llegaría a 7.5% del PIB en 2008.

¿No era más fácil invertir los recursos del SP en el IMSS y el ISSSTE y que éstos atendieran a todos los mexicanos?

No, porque las respectivas leyes de esos organismos lo impiden. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, integrada por 300 personas, contará este año con 726 mdp que saldrán del presupuesto total del Seguro Popular.

Karam Toumeh no pierde el optimismo. Adelanta el éxito que ha tenido el cabildeo y las negociaciones en el Congreso para que pase el primer paquete de reformas del Seguro Popular. Dice que cuenta con el consenso y el respaldo unánime de los gobernadores para lograr que el novel sistema permanezca. Todo eso, sin omitir la rendición de cuentas y la eficiencia en el manejo de los recursos del propio seguro. Sabe que, si no lo logra, la fuente inagotable de recursos podría secarse.