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México adopta juicio oral y público

Calderón dio luz verde a la reforma judicial que termina con los procesos a puertas cerradas; ahora los procuradores y los defensores deberán presentar sus alegatos de manera oral.
mar 17 junio 2008 10:22 AM
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El presidente Felipe Calderón sancionó el martes una amplia reforma judicial que busca terminar con procesos considerados cerrados y corruptos, al tiempo que dota de mecanismos con los que el gobierno espera combatir mejor el crimen organizado.

Las modificaciones establecen que en adelante todos los juicios serán orales y públicos en lugar de los procesos que actualmente se realizan a puerta cerrada e incluso sin la presencia de los acusados, algo visto como un método que propicia corrupción y arbitrariedades.

''Así podremos ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más transparente, respetuoso de los derechos humanos y que proteja con mayor celeridad y eficacia sus derechos'', dijo el mandatario luego de firmar la reforma que también eleva a rango constitucional la presunción de inocencia.

La reforma entrará en vigor un día después de que se publique en el Diario Oficial, algo que el gobierno no ha dicho cuándo ocurrirá.

La norma establece que los juicios orales tendrán que implementarse en un plazo no mayor a ocho años, y estipula que los procesos sólo podrán hacerse a puerta cerrada en casos se ponga en riesgo la seguridad nacional o involucre a menores.

Calificada por Calderón como ''la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo'', las modificaciones buscan también dejar atrás los actuales procesos que actualmente pueden llevarse varios años y hacerlos más expeditos.

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El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de diputados, César Camacho, comparó el sistema que se busca dejar atrás, ''en el papel de víctima o de inculpado, quien se ve involucrado en un asunto penal, parece condenado a protagonizar una película de terror''.

Refirió que actualmente más de 90,000 personas se encuentran detenidas sin haber sido sentenciados.

En momentos que el gobierno libra una batalla contra violentos carteles de la droga que asuelan varias zonas del país, Calderón dijo que la reforma también permitirá enfrentarlos más eficazmente al estipular en la Constitución la figura del arraigo, o prisión preventiva por hasta 80 días y reconocer la ''extinción del dominio'' para que los bienes de los criminales pasen a ser propiedad del estado.

''Las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada... (y) podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales'', afirmó el mandatario

Los legisladores removieron de la reforma propuesta inicialmente por el gobierno la posibilidad de que la policía ingresará a domicilios sin orden de un juez.

También se crean nuevos jueces, denominados de ''control'', que estarán encargados de resolver de manera inmediata y por cualquier medio solicitudes de autoridades para llevar a cabo sus investigaciones, por ejemplo cateos.

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