Los 'compromisos' por la seguridad

Tras una sesión de tres horas, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocados por el presidente Felipe Calderón, suscribieron el jueves en el Palacio Nacional el Acuerdo Nacional de la Seguridad, integrado por 74 puntos.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, así como los secretarios de Estado e integrantes de la sociedad civil firmaron el acuerdo, a fin de responder a las demandas de la ciudadanía para recuperar su tranquilidad.

El presidente Felipe Calderón instruyó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que se convoque al Consejo Nacional de Seguridad Pública en 30 días para afinar detalles y dar cumplimiento a los compromisos asumidos.

Los acuerdos prevén compromisos de los gobiernos federal, estatales y municipales, de los poderes Legislativo y Judicial, así como de organizaciones sociales, eclesiásticas, medios de comunicación y de la ciudadanía.

Con plazos que van desde unos meses hasta tres años, el texto fue presentado por el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián.

Legislativo

El documento describe que al Poder Legislativo le compete dar trámite a las iniciativas presentadas antes del 1 de octubre en ambas cámaras del Congreso.

Además, deberá legislar contra el narcomenudeo, establecer mecanismos en la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales para impedir la preliberación de plagiarios y de aquellos delincuentes que cometan actos ilícitos con violencia.

El Congreso de la Unión estará obligado a impulsar una ley general contra el secuestro, así como otorgar más recursos a estados y municipios en materia de seguridad.

La Cámara de Diputados se compromete a que la Auditoría Superior de la Federación inspeccione a las entidades federativas en su trabajo en la materia.

Judicial

Campa leyó también los compromisos del Poder Judicial: deberá hacer más transparente el desempeño de sus órganos, instalar nuevos juzgados y tribunales federales, establecer juzgados de control con jurisdicción en todo el país para responder rápidamente a peticiones de autoridades en órdenes de cateo o de presentación.

Debe favorecer la celeridad en los procesos, fortalecer la autonomía y la imparcialidad de jueces y magistrados, además de brindar seguridad para evitar que el poder de la delincuencia y las amenazas afecten sus decisiones.

Tendrá la obligación de fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados, intensificar la capacitación de jueces en materia penal y continuar con la preparación de quienes se encargarán de los menores infractores.

Fortalecer el control de los procesados y sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, serán también obligaciones del Poder Judicial, continúa el documento.

Entidades

Los gobiernos estatales estarán obligados a depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad; las procuradurías se comprometen a mejorar los procesos de selección de elementos y mandos, mientras que los gobernadores deberán etiquetar la asignación de recursos a funciones de seguridad pública.

Deberán replicar el sistema de control de confianza, reasignar partidas y recursos para la seguridad pública, además de crear unidades especializadas para desarticular bandas de secuestradores e intercambiar información al respecto.

Implementar el Sistema Único de Información sobre Delincuencia Organizada, así como establecer indicadores de medición de desempeño de las dependencias y los funcionarios públicos.

Alcaldías

Los municipios evaluarán al personal de las policías y cárceles locales, sujetarán la permanencia de los uniformados a controles de confianza y tendrán interconexión a sistemas de Plataforma México para el registro de información sustantiva.

El acuerdo leído por Campa Cifrián plantea la aplicación de un programa permanente de desarrollo de elementos policiales, así como establecer indicaciones de evaluación y seguimiento para el desempeño de los agentes policiales y de los involucrados en la procuración de justicia.

Iniciativa privada

De acuerdo con Campa Cifrián, los compromisos del sector productivo son promover entre sus integrantes la cultura de la denuncia de delitos o de injusticia laboral, adaptar los registros de trabajadores y proveedores para prevenir fraudes y robo de identidad, así como homologar los registros con base en la cédula única.

Los medios de comunicación se comprometen a incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, difundir la prevención de adicciones, la denuncia ciudadana.

También deberán respetar la dignidad y no poner en riesgo a víctimas y a sus familiares, así como dar seguimiento puntual de los acuerdos adoptados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Sociedad civil

La sociedad civil y las asociaciones religiosas, señaló, deben promover la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.

Además, desarrollar programas locales que incorporen el componente social de la estrategia de seguridad y tomar parte en la creación de mecanismos de monitoreo para combatir la corrupción.

Conforme al documento presentado por Campa Cifrián, se estableció un plan de trabajo para crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza en un año.

Se prevé que en dos años se desarrolle un sistema de control para los agentes del Ministerio Público.

Apoyo a los estados con la creación de unidades estatales de combate al secuestro, así como el establecimiento de una Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo, la cual deberá concretarse en medio año.

Gobierno federal

El gobierno federal fortalecerá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos y capacitación en seis meses, lapso durante el cual se formulará también el protocolo de actuación para combatir el lavado de dinero.

Antes de octubre próximo, se deberá contar con un número telefónico único para la denuncia y el apoyo en investigaciones, así como fortalecer el sistema de denuncia contra la corrupción de funcionarios.

Se deberán actualizar las licencias de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fortalecer el sistema penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal  revisará con los estados los montos asignados por socorro de ley por interno, fortalecerá el sistema de aduanas mediante aplicación de tecnología y actualización de procesos, así como presentar al Congreso reformas en la materia.

En un año, se deberá consolidar el Sistema Unico de Información Criminal, crear módulos para el registro y el combate a los secuestros, además de desarrollar el uso de tecnología para el intercambio de información contra la delincuencia.

También se deberán implementar campañas para fortalecer la cultura de la legalidad, incluir en los programas de estudio la legalidad, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.

Campa Cifrián concluyó que la parte fundamental del acuerdo es la vigilancia de la ciudadanía y reconoció que la sociedad está agraviada por la impunidad, la inseguridad y la violencia, por lo que llamó a una coordinación en los tres niveles de gobierno y contar con la participación ciudadana.