Dan un año para registro de celulares
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece un plazo de un año para las empresas del ramo, a fin de que elaboren un registro nacional de telefonía móvil o celular, con la finalidad de evitar la utilización de dichos aparatos en la comisión de delitos. La propuesta fue aprobada con 321 votos y devuelta al Senado de la República, quien había establecido que dicho registro se concretaría en dos años.
Durante la sesión ordinaria y sin discusión se avalaron las modificaciones que establecen que quienes compren un teléfono celular deberán proporcionar a las empresas nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en una identificación oficial vigente con fotografía.
Asimismo, un comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente.
Con esa medida se pretende combatir delitos como extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún otro relacionado con el crimen organizado, así como establecer las medidas necesarias para concretar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles.
Los concesionarios o las empresas deberán conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control, así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los establecidos en las leyes.
Las compañías telefónicas estarán obligadas a "entregar los datos conservados al procurador General de la República o a los procuradores estatales cuando investiguen sobre extorsión, amenazas, secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
Los concesionarios deberán entregar los datos a más tardar en las 72 horas siguientes contadas a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de la autoridad judicial.
En caso de incumplir con las disposiciones referidas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sancionará a las compañías con multas desde 10 mil hasta 100 mil salarios mínimos.
Los cambios legales establecen que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) elaborará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
