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EU busca controlar pagos a ejecutivos

El gobierno de Obama intenta fijar reglas para limitar los excesos en los pagos a altos ejecutivos; las normas se encontrarán en el plan de rescate bancario y en el de estímulo económico.
mar 17 febrero 2009 03:01 PM

Un importante asesor económico del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, dijo el martes que el Gobierno del presidente Barack Obama tiene que fijar algunas reglas sobre los límites en los pagos a ejecutivos, pero que está determinado a encargarse del asunto.

"La temática importante aquí es que este presidente y este vicepresidente están absolutamente al tanto de los excesos en las compensaciones a ejecutivos y el Congreso también lo está, y lo combatiremos", dijo Jared Bernstein, consejero económico jefe del vicepresidente, en una entrevista con Reuters Television.

Bernstein señaló que había reglas sobre los pagos a ejecutivos tanto en el renovado programa de estabilidad financiera que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, develó la semana pasada como en el proyecto de estímulo económico de 787,000 millones de dólares que sería promulgado por Obama el martes.

"Tenemos que averiguar cómo cuadrar a esos dos", dijo.

Bernstein indicó que creía que entre tres y cuatro millones de empleos serían "resguardados o generados" como resultado del programa de estímulo. Como mínimo, el ritmo de las pérdidas de empleos de los últimos meses debería bajar, agregó.

Asimismo, dijo que era vital regresar la estabilidad al sistema bancario y hacer que el flujo de crédito se restableciera para poder reanimar a la economía, en recesión desde diciembre del 2007.

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"Se debe tener un sistema bancario y de crédito funcionando ampliamente y creo, podría decirse, que no tenemos que hacerlo ahora mismo", dijo Bernstein. Agregó que "debemos hacer lo que sea necesario" para lograr que los mercados de crédito operen de nuevo.

Muchos analistas dicen que las actividades del Gobierno en inyectar cantidades masivas de capital a los bancos y fijar reglas para el pago a ejecutivos de los que reciban esos fondos representan la mayor intromisión del Gobierno en el sector privado en décadas.

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