El compromiso de los votos

La victoria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ,  que le da la mayoría en la próxima legislatura sin duda tendrá implicaciones profundas sobre el futuro económico del país.

La agenda económica que dicha fuerza deberá abordar será compleja. En primera instancia pronto conoceremos, al menos en términos económicos, para qué desea el PRI nuevamente el poder.  En otras palabras su ventaja electoral lo obliga a definirse claramente sobre el proyecto económico que desea impulsar no únicamente en la coyuntura, sino también sobre el rumbo por el que desea encauzar la política económica en el mediano y largo plazo.

Su nuevo peso político en la cámara baja le obligará a tomar decisiones sobre las que hasta hoy no se ha definido claramente, por ejemplo acerca de la tan citada reforma fiscal. En los siguientes tres años el PRI decidirá sobre la aprobación de las propuestas que lleguen al seno del órgano legislativo, la duda es sobre si desea pagar el costo político de algunas de ellas.

No obstante, antes de pensar en los problemas estructurales que aquejan al país parece evidente que el PRI tiene el deber de buscar  promover una política económica que permita enfrentar de manera más exitosa la actual crisis económica. La contracción del presente año oscilará alrededor de -6.5%, dejando con ello a un país con un enorme déficit de empleo, de empresas y por lo tanto de bienestar social. En esta situación es evidente que la acción del gobierno federal no ha sido la más eficiente, fundamentalmente porque tanto el programa de infraestructura como los distintos esquemas de apoyo no han logrado reactivar una economía que durante los primeros cuatro meses de año ha enfrentado una contracción superior a la de 1995 (-9.2% contra -3%).

El primer compromiso de la nueva legislatura, y por tanto del PRI como mayoría, será la de generar un presupuesto realista que atienda las necesidades sectoriales y regionales que tiene  el país durante la actual recesión. De igual manera es ineludible una revisión a fondo sobre el ejercicio  del actual presupuesto a fin de que en la última parte de 2009, ya con la nueva cámara de diputados, se tenga una idea precisa de cómo se está ejecutando el gasto de gobierno y de los resultados que ello ha generado. Formalizar los acuerdos políticos y legales para revisar la transparencia y los resultados que el gasto de gobierno tiene podrían ser fácilmente alcanzados por una mayoría, únicamente faltará ver si el PRI desea iluminar esa caja negra que es el gasto público.

Es muy probable que al mismo tiempo que llegue a la próxima legislatura el programa del  presupuesto para 2010 también lo haga una propuesta sobre la reforma fiscal. En general la discusión que algunos especialistas tienen acerca de ello básicamente está centrado en si se debe aumentar el IVA a medicinas y alimentos. El resto de la agenda fiscal que actualmente se discute tiene un peso relativo menor, algo que desde nuestro punto de vista puede ser erróneo, pero que de momento escapa al alcance del presente análisis.

¿Desea el PRI aprobar una reforma con un aumento al IVA? La anterior es una pregunta que posiblemente ni los propios legisladores ganadores desearían contestar de manera tan rápida. Ahora ya no pueden excusar su respuesta en otros partidos políticos, la decisión caerá sobre de ellos ya sea porque desde el gobierno federal generan la propuesta y pongan la pelota en la cancha de la cámara de diputados o porque la presión de ciertos grupos de interés terminen por apremiar e influir a la opinión pública de que mediante los potenciales cambios al IVA se puede corregir el rumbo económico de México.

Elevar el IVA en alimentos y medicinas generaría una presión a la inflación en un grupo de bienes que ya manifiesta una evolución de precios superior a la de otros menos necesarios, además de que limitaría la capacidad de compra de la gente más pobre que destina cerca del 40% de sus recursos económicos a este grupo de productos. No puede dudarse que al aumentar las tasas se incrementarían los deteriorados  ingresos fiscales del gobierno federal pero ¿desea el PRI pagar este costo político? Sin duda la respuesta a la última pregunta es no, pero el deseo de dotar de mayores recursos financieros al sector público es algo que el PRI tiene ante un escenario, más cercano ahora, de ocupar nuevamente la presidencia de la república en 2012. Por tanto la negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será intensa no en referencia a la capacidad de hacer pasar la reforma fiscal, sino que versará sobre cuál será su alcance, de los matices que se le dará para hacerla más amable a la sociedad pero  principalmente irá en el sentido de sobre quien tomará el costo político

Al respecto de lo anterior  se vuelven relevantes los puntos citados con anterioridad, y que atienden tanto al destino del gasto como a la transparencia de su ejercicio y su eficiencia. Es evidente de que si el ejercicio de los recursos públicos sigue siendo tan ineficiente como hasta ahora simplemente nunca se tendrá el dinero suficiente para modificar el rumbo de la nación.

El siguiente aspecto relevante para el PRI será el de negociar acuerdos económicos y políticos de mayor envergadura que la actual coyuntura. Sobre sus hombros recaerá legislar la orientación de programas económicos que efectivamente tengan una incidencia en los estados y municipios. Cambiar el presupuesto para que de manera sistemática y  efectiva tenga un sesgo productivo, de innovación tecnológica, de calidad en la educación y salud pública puede estar en sus manos, así como en las de un necesario acercamiento con las entidades federativas.

Evidentemente un desacierto de las autoridades económicas ha sido el olvidarse del desarrollo de una política industrial, sectorial y regional. Las palabras de que la mejor política industrial era no tener política industrial fueron lapidarias de la competitividad y productividad de México. Una oportunidad de corregir lo anterior debería recaer sobre una mayoría legislativa que sea capaz de  negociar con el poder ejecutivo una reforma a la visión de la política económica, la duda es ¿desea el PRI tomar este nuevo camino?

Para ir en ese sentido es primordial propiciar un mayor acercamiento con todas las entidades, independientemente de su filiación política. Actualmente tanto el federalismo fiscal como el desarrollo regional son asignaturas pendientes que deben resolverse para relanzar la actividad económica de la nación, esencialmente porque sus recursos y necesidades difieren significativamente. La nueva legislatura deberá comprender eso en un marco en donde la crisis y competencia global obligan a repensar sobre un modelo económico, político y social que no ha sido capaz de incrementar las capacidades productivas de nuestro país.

El compromiso del ejercicio del poder público es muy grande y el voto del 5 de julio le dio al PRI una mayoría (habrá que ver si necesitará de una alianza) que no disfrutaba desde 1994. Sin embargo los desafíos son muy grandes y reclaman un compromiso de iguales o mayores dimensiones para delinear programas económicos que realmente incidan en  la sociedad a fin de orientarlas hacia el progreso económico, mayor empleo, innovación tecnológica, aumento en la seguridad, calidad en la educación y mejores sistemas de salud.  Lo que resta por conocer es si el PRI podrá convertirse en motor de estos cambios desde la siguiente legislatura o si únicamente utilizará su ventaja electoral para abonar el camino rumbo a un 2012 para el cual ya se perfila con ventaja, lo cual podría disminuir sus incentivos a tomar riesgos que mermen su recién adquirido capital político.

La cuestión es que México no tiene tres años más para resolver sus pendientes en materia económica y social, los desequilibrios crecen y la crisis los exacerbo al extremo, hacen falta nuevos acuerdos y nuevos rumbos ¿Habrá comprendido eso el PRI o piensa que los votos fueron para volver al pasado? Las respuestas las veremos rápidamente, esperemos que sean para bien de los mexicanos.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.