Mexicanos piden “tajada” de transgénicos

Durante más de 10 años, ante el temor gubernamental de que los organismos genéticamente modificados (OGM) tuvieran algún efecto secundario en el humano, nuestro país quedó fuera del mercado de la agrobiotecnología.

A los científicos nacionales que tenían investigaciones en transgénicos se les impuso por parte del gobierno federal una moratoria de facto hasta que no se comprobara que los OGM tenían efectos secundarios en los consumidores y en el ambiente.

Ahora, con la liberación de dos permisos de maíz, ambas a la estadounidense Monsanto , y uno de trigo para su siembra experimental en México el panorama no cambia, pues aunque ya no existe moratoria, el nuevo negocio de los transgénicos quedará en manos de las empresas trasnacionales.

La moratoria no sólo echó por la borda una treintena de investigaciones locales que llevaban un tiempo de avance promedio de cinco años, sino que eliminó toda posibilidad de que las empresas nacionales pudieran asociarse con científicos mexicanos para hacer sus investigaciones.

La única empresa mexicana que en su momento pudo haber tenido los recursos para producir a gran escala transgénicos mexicanos fue Seminis, que era propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo. La producción de OGM formaba parte del sueño del empresario mexicano que incluso había contactado a científicos nacionales para analizar la posibilidad de desarrollar investigaciones de manera conjunta.

"Alfonso Romo quería hacer algo con los mexicanos, pero nunca pudimos aterrizar con un proyecto concreto", recuerda Rafael Rivera, director de la Unidad Irapuato del Cinvestav y creador de una papa transgénica resistente a virus.

Seminis fue fundada en 1994 por Romo como parte de su grupo Savia, pero la empresa tuvo fuertes pérdidas y en 2003 la vendió a Fox Paine, firma estadounidense de inversión privada que en 2005 la vendió al gigante de agrobiotecnología Monsanto.

Regreso sin gloria

Un transgénico es un organismo al que se le incorporaron uno o más genes de otra especie para darle características y ventajas que no tienen las especies criollas. Desde la década de los 90, en México ya se utilizan estas semillas para algodón y sorgo, el argumento para permitirlas fue que no eran productos destinados a consumo humano. Pero el caso del maíz es más polémico por ser México centro de origen del grano, este argumento frenó por años la aprobación de las reglas que permitieran su siembra, hasta la publicación de un régimen de protección especial que establecía zonas protegidas para la siembra del grano genéticamente modificado.

Cuando se aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, en 2005, que establecía las reglas para que México entrara de lleno a la era de los transgénicos, los científicos nacionales festejaron con bombo y platillo, creían que esta era una nueva oportunidad para continuar con sus investigaciones truncas y buscar asociaciones con semilleras mexicanas para desarrollar productos de manera conjunta. Pero los planes fallaron nuevamente.

Aunque en el mercado nacional son 120 las empresas semilleras en competencia, solamente las cuatro grandes (Monsanto, Dupont, Synghenta y Pionner) tienen recursos para desarrollar investigaciones e inversiones de largo plazo como las que requiere un transgénico que en ocasiones rebasa la década.

Datos dados a conocer en abril por la Asociación Mexicana de Semilleros, que agrupa a 63 empresas del ramo, señalaban que 80% del mercado de semillas mejoradas lo absorbe una veintena de empresas. El 20% restante está en manos de pequeñas firmas o asociaciones de productores locales y agricultores que generan sus propios insumos.

En maíces, entre 60 y 70% de la venta de semilla híbrida (mejoradas que aumentan el rendimiento) la realizan firmas trasnacionales como Monsanto, Dow AgroSciences, Syngenta y Pionner, así como algunas nacionales: Royal de México, Grupo Ceres Internacional, Aspros y Semillas Conlee Mexicana.

Según los científicos, en el país existe la capacidad para producir semillas que puedan abastecer el mercado local e incluso para generar material de exportación, pero para lograrlo sería necesaria una asociación entre empresas nacionales e investigadores, pues a pesar de la moratoria, muchos continuaron con experimentos en laboratorios, "pero (ante el avance de las trasnacionales) no hay empresas mexicanas dispuestas a invertir", lamenta Ariel Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo encargado de establecer las políticas respecto al uso de OGM.

Con la moratoria, no sólo se perdió la papa transgénica, desarollada por Rafael Rivera, que requirió una inversión de 600,000 dólares  y ocho años de trabajo, sino que también "pudieron haberse desarrollado de 3 a 5 líneas de investigación con posibilidades de licenciarse", lamenta el mismo Rivera.

Ante la falta de un catálogo que tuviera enlistados los desarrollos científicos sobre transgénicos que había en 1998 se desconoce el monto global de las pérdidas o proyectos truncos, pero según el secretario ejecutivo de la Ciobiogem, quien fue testigo de la prohibición, cada uno de los proyectos que quedaron  guardados en el cajón de algún burócrata con la esperanza de salir algún día a campo, tuvieron un costo de entre 3 a 8 millones de pesos y un mínimo de cinco años de investigación.

Entre los transgénicos que quedaron en el olvido en esta década pérdida están maíces tolerantes a aluminio y sequía, papaya con resistencia a virus y jitomate resistente a virus.

La Universidad de Morelos desarrolló, tras 18 años de investigación, biotecnología para frijol y alfalfa gracias a la cual la planta es resistente a la sequía, la salinidad, las bajas temperaturas  y aumenta sus rendimientos hasta 57%, hasta ahora, no se ha podido experimentar en campo.

Actualmente, existen en el mercado semillas genéticamente modificadas resistentes a la aplicación de herbicidas y plagas, pero en 2008 empezarán a circular semillas  contra sequía, tolerar heladas, para optimizar el uso del agua, con cualidades para mejorar el funcionamiento cardiovascular  y multiplicar aún más el rendimiento.

"Muchos de estos productos que desarrollamos ya no pueden salir a campo ahora que la ley lo permite, porque la mayoría tiene una vida de 10 años y a estas alturas ya resultan obsoletos, ya no resultarían competitivos con la nueva generación de transgénicos", lamenta Alberto Herrera Estrella, investigador mexicano con cinco patentes registradas  de OGM en México y Estados Unidos.

Asegura que de no haber existido la moratoria, a través de programas gubernamentales se hubiera podido llevar de manera gratuita la semilla transgénica a los productores, lo que hubiera ayudado a duplicar la productividad promedio actual de 2.8 toneladas de maíz por hectárea.

"No debimos haber entregado el negocio a las trasnacionales, lo que debíamos hacer es que el gobierno mexicano y las instituciones públicas de investigación inviertan en desarrollar nuestra propia tecnología, que den incentivos y reglas claras", comenta Herrera Estrella.