Hugo Chávez interviene otros tres bancos
El ministro de Economía de Venezuela, Alí Rodríguez, anunció el viernes la intervención a "puertas cerradas" de Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real, luego de determinar que violentaron las normas del sistema.
La decisión contra estas tres instituciones se da cuatro días después que el Gobierno acordó el cierre de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivivenda (BanPro), tras un proceso de intervención de 10 días.
Rodríguez dijo a la televisora estatal que el Gobierno acordó la intervención de las tres entidades bancarias luego que las autoridades determinaron que "violentaron las normas que están obligados a cumplir".
El propósito del Gobierno es "rehabilitar estos bancos", señaló. "El análisis realizado en los mismos arroja la posibilidad de rehabilitarlos a fin de restablecer la normalidad de las operaciones, garantizar tanto los derechos de los depositantes, de los acreedores, de los trabajadores y por supuesto también del Estado, y la sanidad, la salud de todo el sistema".
Descartó que los procesos emprendidos contras las siete instituciones, que manejaban cerca del 8% del negocio bancario, representen una crisis generalizada del sistema.
Agregó que esperan que no sea necesario hacer nuevos anuncios de esta naturaleza.
Los procesos emprendidos contra un grupo de bancos han generado inquietud en el mercado financiero local y retiros masivos de depósitos en algunas entidades. Esta situación ha obligado a ciertas instituciones a recurrir a préstamos entre bancos para atender sus deficiencias de liquidez.
La intranquilidad del mercado se ha reflejado en el mercado paralelo de divisas donde la tasa de cambio ha triplicado el valor de la tasa oficial que es de 2,15 bolívares fuertes por dólar.
Los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y BanPro fueron cerrados el 30 de noviembre por las autoridades financieras debido a que presentaban serios problemas de solvencia.
El Gobierno decidió liquidar Canarias y BanPro, pero acordó rehabilitar Confederado y Bolívar para que pasen al sistema financiero público.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el viernes que un tribunal capitalino ordenó la detención de diez personas y la prohibición de salida del país de otras 19 que estarían relacionadas con los cuatro bancos cerrados esta semana.
Dijo a la estatal Radio Nacional que pidió a un juzgado capitalino tales medidas por la presunta vinculación de esas personas con el caso de Canarias, Confederado, Bolívar y BanPro.
La fiscal indicó que no revelaría los nombres para evitar huyan del país, pero sostuvo que "sabemos que algunas ya lo han hecho", según reseñó la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Agregó que las investigaciones continúan y que no se descartan que se soliciten nuevas detenciones.
El presidente Hugo Chávez alabó el viernes las investigaciones que inició la Fiscalía General y dijo que de presentarse casos de directivos que huyan del país "habrá que pedir su extradición".
Por el proceso de los cuatro bancos fue detenido el empresario Ricardo Fernández, propietario de las instituciones, quien fue arrestado en la sede de la policía política tras los anuncios de intervención.
Fernández, quien fue trasladado esta semana a la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM), fue detenido junto con su asesor legal José Camacho Uzcátegui.
El empresario y el abogado fueron imputados por la Fiscalía de los delitos de malversación de los recursos de ahorristas, apropiación indebida de créditos y asociación para delinquir.
La fiscal informó que en la víspera fue detenida la hija del abogado, Caribay Camacho de Castro, quien fue señalada del delito de "cómplice necesario".
Un tribunal local dictó el 27 de noviembre una medida de prohibición de salida del país contra 16 directivos de BanPro, Confederado y Bolívar.
El estatal Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) ordenó el jueves la ocupación temporal por 90 días de la empresa procesadora de arroz Venarroz, que tiene como accionista a Fernández.
Chávez solicitó en la víspera a la Fiscalía y la Fondo de Garantía Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) que realice las auditorías de las empresas de Fernández para que pasen al control del Estado.
Algunas de las empresas de Fernández eran proveedoras de la red de mercados estatales Mercal.
