Mayor regulación e inclusión, las metas del nuevo gobierno
Por Carlos Orta
Socio de Asesoría en Riesgos y Cumplimiento Regulatorio de Deloitte México.
Con el fin de establecer un nuevo marco normativo proporcional para los participantes del sistema financiero, las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han anunciado distintas estrategias que buscan abatir el rezago en el uso y acceso a servicios.
En dicha materia, destaca el fomento de medios de pago electrónicos como mecanismo para reducir el uso de efectivo mediante el Código Digital (CoDi) y la adquisición de cuentas transaccionales simplificadas.
Asimismo, esta estrategia estará complementada con la dispersión de beneficios sociales a través de recursos electrónicos y fomentando el pago de los ciudadanos al gobierno por medio de estas vías.
Estas acciones permitirán incorporar a un mayor número de mexicanos al sistema financiero formal, a la par de generar información que facilite, en una segunda instancia, ofrecerles productos financieros con mayor valor agregado.
Además, para atender otra dimensión de la inclusión, como la educación financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que buscará reforzar las capacidades de la población para fomentar un uso sano y responsable de los productos financieros.
Las autoridades también han considerado que mediante el fomento a la competencia y transparencia se puede incidir en una mayor inclusión. Las estrategias planteadas en ese sentido son: aumentar la transparencia en las comisiones cobradas por operaciones y servicios, establecer medidas que faciliten la movilidad de los clientes entre distintas instituciones de crédito y generar nuevas cuentas financieras con comisiones restringidas.
Finalmente, estos esfuerzos se podrán soportar con el uso de diversas tecnologías, para llegar a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos mediante el uso de teléfonos inteligentes en la provisión de servicios financieros.
Al respecto, se espera que las entidades de financiamiento colectivo sean una alternativa para que personas físicas y morales que no son atendidas por el sistema tradicional, puedan recibir financiamiento en condiciones competitivas y que pequeños inversionistas aspiren a obtener mayores rendimientos.
En el caso de las instituciones de fondos de pago electrónico, la expectativa es facilitar las transferencias de fondos de connacionales que viven en el exterior, con mejores condiciones de precio y accesibilidad. De igual forma, es necesario lograr mayor acceso y uso de servicios financieros, vinculado con la estabilidad del sistema financiero y la existencia de un marco normativo robusto.
México ha sido un país pionero en la adopción de estándares regulatorios prudenciales para el sistema bancario. Vale la pena recordar que, en 2015, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea le otorgó al país la calificación más alta en torno al cumplimiento de los estándares de capital y liquidez.
Adicionalmente, las instituciones de crédito cuentan con niveles de capital y liquidez suficientes para continuar expandiendo su actividad. No obstante, la carga regulatoria que se impuso a estas entidades no ha considerado una distinción proporcional con base en su complejidad, modelo de negocio o en las operaciones realizadas (existe, sin embargo, una diferencia en el requerimiento de capital, vinculada con la importancia sistémica de las instituciones).
Con la reforma financiera de 2014, se añadió un último párrafo al artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. En él se establece que dentro de la regulación que deban emitir en su ámbito de competencia la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, deberán considerar las operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a realizar y diferenciar, cuando lo estimen pertinente.
Dicha regulación aplica en aspectos tales como la infraestructura con la que deberán contar y la información que tendrán que proporcionar, pudiendo considerar los modelos de negocios o características de sus operaciones.
De esta forma, es importante analizar en qué disposiciones se podrían realizar modificaciones para hacerla proporcional, considerando los elementos antes mencionados y sin propiciar un debilitamiento en la estabilidad del sistema financiero que impidiera lograr una mayor inclusión.
Vale la pena analizar la experiencia de otras latitudes como la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, en donde existen diversos estándares regulatorios dependiendo de las características propias de cada entidad, tamaño, región de operación, complejidad, entre otras.
