Las cajas de ahorro y crédito popular podrían ofrecer a partir de 2008 a sus clientes las mismas ventajas fiscales que presentan los bancos, si el Congreso aprueba las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), afirmó el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
“Las ventajas que tiene un banco o una casa de bolsa, como intermediario financiero desde el punto de vista fiscal, no se les reconocían a las cajas de ahorro o a las entidades de ahorro y crédito popular”, explicó el director de Asuntos Jurídicos para el Sector de Ahorro y Crédito del Bansefi, Romeo Vizzani.
Con las propuestas hechas por la administración de Felipe Calderón en la Miscelánea Fiscal las cajas de ahorro recibirían reconocimiento como intermediarios financieros y podrán emitir estados de cuenta que puedan utilizarse como comprobantes fiscales, tal como hacen los bancos, añadió en entrevista el funcionario.
Luego de haber defraudado a varios clientes, el Congreso decidió regular a las cajas de ahorro y en junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual estableció el marco normativo para el funcionamiento de las entidades de ahorro y crédito popular, conocidas comúnmente como cajas de ahorro.
Hasta el primer cuatrimestre del año había 578 cajas de ahorro popular detectadas en el país; de estas 441 están adoptando la nueva ley; 24 ya están autorizadas y 56 nunca trabajarán bajo el nuevo marco legal.
El marco legal que reguló a las cajas populares, prevé que se incorporen a uno de cuatro niveles; sólo aquellas que cumplan con determinados requisitos de capitalización y seguridad pueden operar en los niveles III y IV, donde se pueden emitir tarjetas de débito y crédito, respectivamente.
Estos intermediarios financieros tienen casi 4 millones de socios y clientes de las cajas populares, aproximadamente el 60% son mujeres.