Las empresas extranjeras pensarán dos o tres veces antes de alojar sus capitales en el territorio nacional por la seguridad jurídica que ha sido alterada, debido a los diversos cambios en el sistema fiscal que han realizado tanto el Ejecutivo como el Congreso, coincidieron expertos.
Un punto importante que analiza una empresa para elegir un país para desarrollar su negocio es la flexibilidad del sistema tributario, es decir, cuánto pagará a las autoridades hacendarias.
"Estamos perdiendo oportunidad no sólo de no mantener a los inversionistas actuales sino de atraer a nuevos por la seguridad jurídica que ofrece el país", dijo el abogado fiscalista, Eduardo Revilla.
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El experto recordó que durante los tres años de la administración de Felipe Calderón, presidente de México, las autoridades han modificado el sistema fiscal "sólo para aumentar la recaudación" y no como una modificación sustancial para aumentar la base gravable, que consta de 24 millones de contribuyentes, teniendo un país con más de 40 millones de personas pertenecientes a la Población Económicamente Activa.
En los tres últimos años el Gobierno eliminó un tributo de control llamado Impuesto al Activo, creo a su vez el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) para frenar a la informalidad, aumentó las tasas para bebidas alcoholicas y cigarrillos y propuso nuevos gravámenes a servicios como telecomunicaciones.
Entre otros cambios se encuentra el que el Gobierno puso un límite máximo de cinco años para que las compañías que consolida -unos 422 grupos empresariales- comiencen a pagar el ISR diferido que permite este esquema.
Esto es, que el impuesto se difiere a lo largo del tiempo, por el resultado de la disminución de pérdidas fiscales obtenidas por una o varias empresas del grupo, contra las utilidades fiscales obtenidas por otras dentro del mismo grupo.
"Es una reforma que, francamente, la primera lectura sí se presenta agresiva", dijo por su parte el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Carlos Roa.
El Gobierno mexicano busca aumentar los ingresos tributarios no petroleros para equilibrar sus finanzas, de los contrario puede perder sua actual nivel de calificación de riesgo crediticio que actualmente tiene por parte de las tres grandes calificadoras estadounidenses, Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's.
"Estamos regresando a una época "setentera" que creíamos muerta y que concluyó en nacionalizaciones, expropiaciones y fuga de capitales", recordó Revilla.