Lagarde, acusada de abuso de autoridad
Los jueces franceses decidirán el 10 de junio si ordenan una investigación formal sobre el rol de la ministra de Economía, Christine Lagarde, en un acuerdo legal, lo que podría afectar sus posibilidades de convertirse en la próxima líder del FMI.
La decisión coincidirá con el plazo para que los países presenten candidatos al máximo puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lagarde es considerada favorita para reemplazar a su compatriota Dominique Strauss-Kahn, quien renunció tras ser arrestado este mes en Nueva York por acusaciones de agresión sexual.
Los políticos del opositor Partido Socialista acusaron a Lagarde de abusar de su autoridad para entregar un pago de 285 millones de euros (400 millones de dólares) al empresario Bernard Tapie, amigo y aliado político del presidente Nicolas Sarkozy, para arreglar una disputa legal con un Banco estatal.
Un fiscal público recomendó este mes una investigación judicial completa sobre el asunto, posiblemente el mayor obstáculo en la candidatura de Lagarde al FMI.
Tapie es un ex ministro gubernamental de izquierda que se cambió de bando para apoyar a Sarkozy en la campaña presidencial del 2007. Posteriormente demandó al Gobierno, alegando que el ex banco estatal Credit Lyonnais lo defraudó con la venta de su participación en la empresa deportiva Adidas en 1993.
Denunció que el banco lo defraudó porque el precio final de venta fue más alto de lo que se le llevó a creer.
Inicialmente, una corte francesa falló en contra de Tapie en el 2006, pero el caso seguía abierto cuando Sarkozy llegó a la presidencia en el 2007.
Cerrando la antigua disputa, Lagarde aceptó retirar los procedimientos judiciales y enviar el caso a un panel de arbitraje de tres miembros, desestimando a algunas voces en su ministerio que le indicaron que el asunto debía seguir en la corte.
Credit Lyonnais fue alguna vez el segundo mayor banco mundial pero se vio en graves problemas y fue rescatado por el Gobierno en la década de 1990 tras acumular grandes pérdidas, dejando al Gobierno francés con una gran cantidad de compromisos por cumplir.
