México, con 13 millones en la miseria
En los dos últimos años, un millón 300,000 mexicanos que ya eran pobres cayeron en pobreza extrema , con lo cual de 2010 a 2012 el número de personas en esta situación pasó de 11.7 a 13 millones, dijo este jueves el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Sedesol, Javier Guerrero García.
Al participar en el Foro México 2013 Políticas públicas para un desarrollo incluyente, organizado por el BID, la OCDE, el Banco Mundial y la Cepal, el funcionario destacó que un reto fundamental durante la administración actual será la creación de un padrón único de beneficiarios.
"Tenemos 273 programas federales y cerca de 2,391 estatales y municipales. Un esfuerzo importante es construir un acuerdo marco que nos permita -con anexos técnicos específicos a nivel estatal y municipal y a nivel de coordinación interinstitucional-, alinear programas, recursos y establecer criterios muy puntuales de focalización que nos permitan impulsar, impactar y tener metas específicas a nivel de territorios".
Dijo que se concentrarán todos los programas sociales de combate a la pobreza en una sola dependencia y destacó el compromiso de la administración de Enrique Peña Nieto de crear el Consejo Nacional de Inclusión Social y Bienestar, encabezado por organizaciones civiles, niveles de gobierno y el Ejecutivo federal.
Precisó los tres ejes de la nueva estrategia de política social que están proponiendo: el de garantizar un ingreso, vincular las estrategias de política social con opciones productivas y el ejercicio de los derechos que se relacionan para lograr un aumento en el ingreso de la población y mejorar su bienestar.
El primer contempla una sola bolsa, es decir, se propone integrar en un único fondo los programas de transferencias monetarias y de asistencia social como Oportunidades, Programa alimentario, becas y demás programas sociales, y establecer el monto que percibe cada familia para evitar inequidades, eliminar duplicidades, errores de inclusión o exclusión, abatir índices de pobreza extrema y consolidar una sola identidad institucional.
El segundo eje considera el acceso efectivo a los derechos de educación, alimentación, cultura, servicio, vivienda, seguridad social universal, salud, programas de alfabetización, escuelas de tiempo completo, 65 y más, entre otros y garantizar que la población en condiciones de pobreza puedan tener el derecho de acceder a este tipo de programas focalizándolas en el territorio y estableciendo los instrumentos de coordinación para llevarlos a cabo y el tercer eje será el de la inclusión productiva para insertar a la gente a la actividad productiva.
El jefe de la Unidad de Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llamó al Gobierno a reorganizar los apoyos económicos a los pobres y rescatar los objetivos originales del programa Oportunidades, pues ahora la parte del dinero destinada a las becas educativas ha bajado y advirtió que es fundamental pensar en una reorganización de los apoyos a favor sobre todo de los apoyos educativos.
"Existe entre la población más pobre una fuerte caída de la asistencia escolar".
En tanto, durante su participación en el panel sobre política social, prosperidad y equidad social el jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Pablo Yanes dijo que queda claro que México no es un país pobre, pero sí un país con muchos pobres y en donde existe una brecha del bienestar.
Por ello, subrayó que ha llegado el momento de que en México se incorporen asuntos de política laboral y salarial a las políticas de desarrollo social, pues las personas no pueden superar las líneas de pobreza con ingresos tan bajos.
"El empleo es la llave para salir de la pobreza, pero empleo con adjetivos. La mayoría de los pobres trabajan, están ocupados, no es un problema de desempleo de los pobres, es un problema que tiene que ver con la baja calidad del empleo, con una estructura productiva que genera bajos ingresos" e hizo un llamado al Gobierno federal a dotara su política social de derechos, donde las personas sean titulares de derechos en los hechos y no solo en el discurso.
