Bowles-Simpson, por 2º round ante deuda

El viernes, el dúo del déficit conformado por Erskine Bowles y Alan Simpson volverá a intentar convencer a demócratas y republicanos de unir sus manos y tomar decisiones difíciles acerca de la deuda de la nación.

Liberarán detalles acerca de una propuesta de plan de reducción de déficit por 2.5 billones de dólares, que originalmente delinearon en febrero .

Bowles y Simpson fueron copresidentes de la comisión fiscal bipartidista del presidente estadounidense Barack Obama en 2010, y su plan fue criticado en aquel momento por liberales y conservadores.

El nuevo plan es de menor alcance y busca basarse en los 2.7 billones de dólares en reducción del déficit que la Casa Blanca y el Congreso han acordado desde 2010.

Esos 2.7 billones de dólares (que la Casa Blanca estima que son 2.5 billones de dólares) no incluyen los recortes presupuestarios forzados -también conocidos como 'secuestro'- que entraron en vigor el mes pasado.

Bowles y Simpson llaman a esos recortes algo "sin sentido" y creen que amenazan la recuperación económica. En consecuencia, proponen cancelar el 70% de los recortes de este año y el próximo. Asimismo, recomiendan retrasar la mayor parte de la reducción del déficit de su plan hasta 2016.

Pero diferir los cambios podría significar un golpe fuerte en los años venideros, por ejemplo, 500,000 millones de dólares en reducción del déficit, sólo en 2023.

Estos son algunos aspectos destacados de su nuevo plan:

Reducción de la deuda: 2.5 billones de dólares en reducción del déficit adicional durante más de 10 años es más que los 1.8 billones de dólares que el presidente pidió en su presupuesto de 2014 , pero menos que los 5 billones de dólares que los republicanos quieren.

El plan Bowles-Simpson tiene como objetivo mantener la deuda pública en una senda decreciente. Para 2023, se estima que reducirá la deuda al 69% del PIB, desde un máximo estimado de 78% en 2014.

Junto con los 2.7 billones de dólares en reducción del déficit ya acordados por las autoridades, Bowles y Simpson estimaron que más del 70% del total de ahorros provendrían de la reducción del gasto (incluyendo gastos de interés más bajos), y menos del 30% provendrían de los ingresos fiscales.

El plan también recomienda indexar el techo de la deuda a la inflación. Esto podría prevenir los episodios de políticas arriesgadas sobre el aumento del límite de endeudamiento legal, siempre y cuando la deuda se mantenga en una senda decreciente como porcentaje del PIB.

Impuestos: El plan requiere de una reforma tributaria fundamental que disminuya las tasas, reduzca las exenciones fiscales y mantenga la progresividad. Recaudaría 585,000 millones de dólares en ingresos para reducir el déficit.

Prevé un cambio hacia un sistema tributario territorial para los impuestos corporativos. Estados Unidos actualmente grava los impuestos sobre las ganancias obtenidas en el extranjero por empresas multinacionales estadounidenses. Bajo un sistema territorial, el gobierno federal sólo gravaría los ingresos corporativos ganados dentro de las fronteras de Estados Unidos.

Gasto en defensa: El plan revocaría la mayor parte de los recortes al presupuesto de defensa de este año y el próximo. Pero también requeriría que el Congreso lograra ahorros en Defensa por 220,000 millones de dólares para 2023 respecto a los niveles anteriores al secuestro. Limitaría el crecimiento de los gastos de defensa a la tasa de inflación hasta 2025.

Además, Bowles y Simpson sugieren limitar el gasto en operaciones de contingencia en el extranjero. Si el Congreso gasta menos del límite en un año determinado, el importe no utilizado no debe ser utilizado para financiar gastos de defensa no relacionados.

El presidente Obama nunca adoptó totalmente el plan Bowles-Simpson original porque, entre otras cosas, sintió que recortaría la Defensa de manera demasiado profunda.

Gasto interno: Al igual que con los gastos de defensa, el plan cancelaría la mayor parte de los recortes presupuestarios discrecionales no militares en este año y el próximo. Pero también requeriría 165,000 millones de dólares en ahorro en gasto interno en 2023, en comparación con los niveles de gasto presecuestro. Además, limitaría el crecimiento del gasto a la tasa de inflación hasta 2025.

Medicare: Bowles y Simpson tocarán algunas fibras sensibles con sus propuestas para frenar el gasto en Medicare y otros gastos de salud por 585,000 millones de dólares durante una década.

Elevarían gradualmente la edad de elegibilidad para Medicare de 65 a 67 para mediados de la década de 2030. Pero, al mismo tiempo, proponen una opción de "comprar el ingreso" para aquellos de 65 y 66 años de edad para que ellos también puedan recibir los beneficios de Medicare.

También cambiarían la forma en que los beneficiarios de Medicare pagan por las Partes A y B (los programas que cubren la atención hospitalaria y las visitas del médico). Además, ampliarían las primas de Medicare con comprobación de ingresos, para que los beneficiarios de mayores ingresos paguen más por sus primas. Su plan también incluye una serie de reformas a la prestación del servicio de salud.

Seguridad Social: El plan pide al Congreso que vuelva solvente al sistema en los próximos 75 años. Incluye una propuesta concreta y muy polémica: cambiar la manera en que los aumentos anuales al costo de vida son calculados por beneficios.

Usar un "IPC encadenado" sería una forma más precisa de medir la inflación, dicen los defensores. Algunos economistas liberales no están de acuerdo.

El presidente Obama incluyó la idea en su última propuesta de presupuesto. Un índice de precios al consumidor (IPC) encadenado disminuiría la tasa de crecimiento en todos los pagos federales que están ajustados a la inflación. Además de los beneficios de Seguro Social , el cambio afectaría a las pensiones de trabajadores civiles y militares, a los beneficios de veteranos, y a las Becas Pell.

El plan Bowles-Simpson incluye protección contra los efectos de un IPC encadenado para los beneficiarios más vulnerables de la Seguridad Social.

Un IPC encadenado también aumentaría los ingresos, debido a que ralentizaría los cambios en los parámetros fiscales que suben con la inflación - y eso podría significar tasas algo más altas para muchos contribuyentes. Las medidas ajustadas a la inflación incluyen fijación de rangos de impuestos, deducciones estandarizadas, eliminación gradual de los niveles para créditos fiscales y límites a las contribuciones para planes de retiro 401(k).

En total, la propuesta del IPC encadenado reduciría el déficit en un estimado de 280,000 millones de dólares a través de una década.