Congreso debatirá detalles energéticos
El funcionamiento de la reforma energética en México, promulgada en diciembre, implicará ajustes a por lo menos 18 leyes secundarias, entre ellas la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex), los contratos del Estado con particulares y las facultades de los nuevos órganos reguladores.
Los legisladores que revisarán esos temas prevén reunirse entre esta y la próxima semana para empezar a diseñar una "ruta crítica" de discusión, incluso antes de que el presidente Enrique Peña Nieto envíe al Congreso las iniciativas en la materia.
Cuando promulgó la reforma el 20 de diciembre de 2013, el mandatario mexicano señaló que presentaría esos documentos a la brevedad.
"Vamos posiblemente a tener una primera reunión para empezar a ponernos de acuerdo y organizarnos, muy probablemente a finales de esta semana para ya trabajar en forma a partir de la próxima semana, poniéndonos de acuerdo en los calendarios en qué orden debemos ir aprobando e ir concatenando cada una de estas 18 leyes", dijo el senador del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión de Energía de la Cámara alta, Jorge Luis Lavalle.
Entre las leyes existentes que tendrán que modificarse están la reglamentaria del artículo 27 constitucional, la de Pemex y las de las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE), señaló Lavalle en entrevista. Además se tendrán que crear otras nuevas, como la que regule el Fondo Mexicano del Petróleo, agregó.
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Con la reforma energética se permite que el Estado mexicano celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la producción de energéticos. Éstos deberán ser vigilados por la CNH y la CRE que se convertirán en órganos reguladores del sector.
Tras la promulgación de la reforma, tanto sus impulsores como sus opositores -encabezados por los partidos de izquierda- consideraron que el siguiente reto será garantizar que haya transparencia en los contratos que se entregue a la iniciativa privada .
"El diablo está en los detalles. Es muy importante que para que funcione bien este modelo, todas y cada una de esas 18 leyes queden bien definidas y no dejemos ningún cabo suelto", dijo Lavalle.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que mantendrá su rechazo a la reforma, pues la considera privatizadora, aunque sí participará en las negociaciones de las leyes secundarias.
"Consideramos que no podemos sustraernos. Es decir, si nosotros nos sustraemos de la discusión en el tema de lo secundario, aún y cuando no estemos de acuerdo en lo principal, en lo constitucional, el hecho de abstraerse les va a dar comodidad (al PRI y al PAN) para acordar, a modo y de una manera mucho más libre, lo que a ellos convenga", dijo el senador perredista Rabindranath Salazar, secretario de la Comisión de Energía.
Señaló que la estrategia del PRD será, por un lado, expresar sus posiciones dentro de las mesas de negociación, al mismo tiempo que buscará que la reforma energética sea sometida a una consulta popular .
La reforma representa un "atraco" al país porque implica que el Estado ceda a particulares recursos clave no renovables como el petróleo y el gas, según el partido.
Con la promulgación de la reforma el año pasado, se abrió un plazo de 120 días para que el Congreso apruebe las leyes secundarias necesarias. Esto significa que el paquete legislativo debe quedar aprobado en ambas cámaras a más tardar a finales de abril.
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El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, dijo que el tema será prioritario en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero, junto con las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, que debían haber sido avaladas antes del 9 de diciembre.
"Las dos, hay dos muy importantes: la energética, todas las secundarias de la energética, y la de telecomunicaciones y competencia, son de las prioridades que vamos a sacar en el próximo periodo".
Además de esos temas, los legisladores tendrán que discutir las leyes secundarias de la reforma política, así como asuntos pendientes desde hace meses como la ley de la consulta popular y la creación de un nuevo órgano anticorrupción.
