La Tercera Comisión de la Permanente del Congreso aprobó este martes solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informe el efecto que tuvo en las finanzas públicas el decreto del 26 de diciembre de 2013 por el que se otorgaron beneficios y facilidades fiscales al sector privado. No obstante, los integrantes de esa instancia legislativa desecharon la necesidad de llamar a comparecer al titular de las finanzas públicas del país, Luis Videgaray Caso.
Asimismo, aprobaron exhortar al Ejecutivo federal a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas de déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como en los programas de las dependencias.
El Gobierno mexicano otorgó diversos estímulos fiscales, simplificaciones administrativas y hasta excepciones tributarias a diferentes contribuyentes con el fin de aminorar el efecto de la reforma fiscal.
Entre las medidas se encuentran beneficios tributarios para los importadores y enajenantes de turbosina para aviones, para importadores de chicles, así como de jugos y néctares que tengan algún tipo de lácteo; facilidades administrativas para la minería y para los pequeños contribuyentes, además de estímulos para prestadores de servicios turísticos y hasta donatarias.
El punto de acuerdo aprobado este martes explica que dicho decreto presidencial no presenta ninguna cuantificación del impacto que significa ceder en el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública, además que las modificaciones significan menos ingresos para el país.
También la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente acordó exhortar a la SHCP a que haga pública la información referente al préstamo por 301 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.
Indicaron que éste es el tercer préstamo del organismo financiero al país con el mismo fin, en 2012 por 300.7 millones de dólares y en 2013 por 700 millones de dólares, y subrayaron la preocupación por conocer la manera en que se destinarán los recursos.
Durante la reunión de trabajo, los legisladores exhortaron al Ejecutivo federal emprender medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas.
Esto, indicaron, debido a que ya se comienzan a ver los primeros efectos en detrimento de los consumidores, entre los que se pueden observar el reetiquetado de productos, abusos de parte de comerciantes, acaparamiento de productos de primera necesidad y una baja en las ventas de los establecimientos formales.