Ley Eléctrica pasa en lo general

El segundo dictamen del primer bloque de las leyes energéticas es aprobado por los diputados; se prevé que se realicen cambios al documento propuestos por el oficialista PRI.
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

 La aprobación se dio por 331 votos a favor y 128 en contra. El dictamen es el segundo de los siete que tiene que discutir San Lázaro, cuatro de los cuales ya fueron aprobados por el Senado.

En estos momentos el documento es discutido en lo particular, donde se prevé que se realicen cambios propuestos por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Bernal.

El diputado del izquierdista Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, protestó enérgicamente por el formato que se usará para aprobar los cambios.

La ley establece las reglas para que opere el nuevo sistema eléctrico de México, en el que podrán participar particulares.

 Establece, por ejemplo, la creación de un nuevo Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que fungiría como operador del sistema y supervisor tanto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como de las empresas que entren al mercado del suministro de este tipo de energía.

 Las autorizaciones para compañías privadas serían entregadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La discusión de este tema se da después de que la Cámara de Diputados aprobara, durante la mañana de este mismo martes, la primera minuta ya avalada por los senadores, con la nueva Ley de Hidrocarburos.

A este documento se hicieron modificaciones, relacionadas con la contraprestación que un contratista deberá pagar al dueño de un terreno en el que explote petrolíferos, por lo que fue devuelto a la Cámara alta para una nueva revisión.

Después de estos temas, la Cámara baja tiene previsto discutir esta semana las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la CFE y de órganos reguladores del sector, así como tres dictámenes energéticos relacionados con ingresos del Estado, donde se incluye la llamada ‘ayuda’ a Pemex, donde el Gobierno asumiría parte de la deuda laboral de las paraestatales.