Diputados aprueban leyes de Pemex y CFE
En su tercer día de debates sobre la legislación secundaria en materia de energía, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La aprobación se dio, en lo general, por 331 votos a favor, 132 en contra y una abstención , en lo particular, por 319 votos a favor, 116 en contra y una abstención.
Las normas avaladas establecen las reglas que deberán seguir ambas instituciones para convertirse en empresas productivas del Estado —una obligación marcada en la reforma constitucional promulgada en diciembre pasado— y abre la puerta a que sus pasivos laborales se conviertan en deuda pública.
En el primer aspecto, las leyes señalan que Pemex y la CFE deberán regirse bajo un modelo de Gobierno corporativo, en el que tengan un director general, responsable de la operación diaria, y un consejo de administración, encargado de tomar las decisiones de negocios estratégicas y de largo plazo.
Cada consejo estará integrado por 10 miembros. En el caso de Pemex, cinco serán funcionarios del Gobierno federal y cinco serán consejeros independientes propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. En el caso de la CFE, cinco serán funcionarios gubernamentales, cuatro serán consejeros independientes y uno será designado por los trabajadores.
El segundo aspecto —los pasivos laborales— fue uno de los que causó más controversia a lo largo de la sesión.
Ambas leyes establecen que los consejos de administración podrán decidir que los ingresos excedentes se destinen al pago de pasivos laborales en materia de pensiones y salud.
Esta medida es una condición para que el Estado asuma las deudas de las dos instituciones en este rubro —que en conjunto ascienden a 1.6 billones de pesos—, lo que se concretaría con las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la propia Cámara baja discutirá esta semana.
Para los partidos de izquierda, esta modificación implicará que el endeudamiento de Pemex y de la CFE se pague con recursos públicos, lo que consideran una “carga” injusta para los contribuyentes.
“El pueblo de México no tiene por qué pagar eso. Entonces, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin claridad en el asunto de lo que estamos asumiendo como pasivos, no aceptamos que se le obligue a la nación y al pueblo de México a pagar esa cantidad y asumir ese pasivo laboral”, dijo en tribuna Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Al respecto, diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) defendieron la medida argumentando que esos pasivos ya pueden considerarse deuda pública, porque Pemex y la CFE pertenecen al Estado, y que ese saneamiento es necesario para que puedan competir con las compañías privadas a las que abrió el camino la reforma energética.
La priista Irazema González rechazó que este cambio vaya a poner en riesgo las finanzas públicas, como afirman algunos legisladores de izquierda.
Ajustes de último momento
El dictamen con las leyes de Pemex y de la CFE —que también incluye reformas a las leyes de Entidades Paraestatales, de Arrendamientos y de Obras Públicas— recibió cambios de último momento, impulsados por el PRI y el PAN.
Las reservas agregaron artículos para establecer que cuando las empresas productivas estén por celebrar contratos de “impacto o relevancia” con particulares, un testigo social pueda participar en el proceso para hacer observaciones y, de ser necesario, notificar a las contralorías de posibles irregularidades.
En comisiones, priistas y panistas promovieron otros cambios para otorgar a Pemex y a la CFE mayor autonomía respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la elaboración de sus presupuestos y la contratación de deuda para financiar sus proyectos.
Debido a todas estas modificaciones, la legislación tendrá que regresar al Senado para una nueva revisión.
Nueva toma de tribuna
Las leyes de Pemex y de la CFE son la tercera normatividad en materia de energía que la Cámara de Diputados aprueba en lo que va de esta semana.
En días previos avaló las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, ambas devueltas al Senado.
Se prevé que este jueves a las 13:00 horas continúe la discusión, ahora con el dictamen relativo a los órganos reguladores del sector energético y a la creación de la nueva agencia nacional de seguridad industrial y protección al ambiente.
Además de este paquete ya discutido en el Senado, los diputados deben debatir tres dictámenes relacionados con los ingresos del Estado. Éstos contienen las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo.
Los dos paquetes buscan reglamentar la reforma constitucional de 2013, con la que se abrió el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera.
Mientras el PRI y el PAN afirman que esto es necesario para modernizar la industria, la izquierda considera que la medida implicará entregar a particulares los recursos del país.
Durante la sesión, un grupo de diputados perredistas tomó la tribuna del recinto —por segunda vez en la semana— para manifestar su descontento con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto.
En su manifestación, colocaron en el lugar una manta con el lema “Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria”.
Rubén Camarillo, diputado panista y secretario de la Comisión de Energía, subió a la tribuna después de la protesta y descalificó las acciones del PRD tachándolas de “electoreras”, argumentando que únicamente buscan que el partido gane partidarios en las elecciones federales y locales de 2015.
