Las facultades de los órganos reguladores del sector energético y la creación de una nueva agencia de seguridad industrial y protección al ambiente son los temas que la Cámara de Diputados discute este jueves, en el cuarto día consecutivo de debates sobre las leyes secundarias en materia de energía.
Este dictamen ya fue avalado por el Senado, pero necesita el visto bueno de la Cámara baja para ser enviado a promulgación y entrar en vigor.
La legislación contempla que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) funcionen como órganos “coordinados” con el Gobierno federal, lo que implica que sus decisiones deban ser congruentes con la política energética que defina la Secretaría de Energía (Sener).
Para los partidos de izquierda, esta medida restará autonomía a ambos reguladores. Por el contrario, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) afirman que este esquema es suficiente para que estas instituciones trabajen con independencia.
La CNH será la responsable de otorgar contratos a particulares para la exploración y explotación de petróleo y gas, mientras que la CRE dará los permisos a las empresas privadas interesadas en generar y suministrar electricidad.
El otro tema clave de este dictamen es la creación de una nueva agencia que defina los criterios para que la industria energética trabaje de forma segura y no dañe el ambiente.
Las fuerzas de izquierda critican esta propuesta argumentando que será una institución onerosa que se encargará de tareas que ya realizan otras dependencias. En cambio, el PRI y el PAN dicen que garantizará la protección ambiental.
En días pasados, la Cámara de Diputados ya aprobó tres dictámenes energéticos, con las leyes de Hidrocarburos , de la Industria Eléctrica y de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Todos ellos fueron devueltos al Senado para una nueva revisión debido a que se les hicieron modificaciones.
Durante el fin de semana, la Cámara baja también prevé discutir tres dictámenes relacionados con los ingresos del Estado, donde se incluye la polémica ‘ayuda’ a Pemex y CFE, donde se contempla que el Gobierno asuma deuda de de los pasivos laborales de las paraestatales.