6 claves de las leyes energéticas

La legislación para reglamentar la reforma energética aprobada el año pasado está a un paso de aprobarse en el Congreso, tres meses después de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara sus iniciativas al Senado y a la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, solo una de las seis minutas en la materia ha sido aprobada en su totalidad y enviada a promulgación: la que contiene las reglas para los órganos reguladores del sector.

Las cinco minutas restantes llegan esta semana al pleno del Senado, luego de que los diputados las aprobaran entre el 28 de julio y el 2 de agosto.

A continuación los puntos clave de las minutas

1. Órganos reguladores

Al no ser modificada por los diputados, se trata de la primera ley secundaria en ser enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.

Este marco legal define las reglas con las que trabajarán la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entidades clave para la vigilar la apertura de la industria energética al capital privado.

Entre los puntos a destacar está el que ambos reguladores tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión, pero tendrán que coordinarse con el Gobierno federal para que sus decisiones sean congruentes con la política energética definida por la Secretaría de Energía.

La CNH tendrá la tarea de otorgar contratos a particulares para la exploración y explotación de petróleo y gas, mientras que a la CRE le corresponderá conceder permisos a empresas privadas que quieran generar y suministrar electricidad.

Se incluye la creación de una agencia nacional de seguridad industrial, cuya principal tarea será fijar los criterios para que las compañías vendan combustibles y manejen residuos sin generar riesgos para la ciudadanía ni daños ambientales.

2. Leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo del Petróleo

En principio se tenía previsto que ambas leyes quedaran en documentos separados, pero los diputados las mandaron en uno solo.

La Ley de Ingresos establece los montos que deberán pagar al Estado los particulares que reciban contratos para explorar petróleo y gas.

Cada empresa deberá cubrir dos conceptos: contraprestaciones e impuestos. Las primeras serán entregadas al fondo petrolero; los segundos, a la Secretaría de Hacienda.

Entre las principales contraprestaciones estarán la cuota contractual de fase exploratoria y las regalías. La primera se refiere al pago mensual que tendrá que hacer el particular por explorar en el área que se le otorgue, mientras no produzca. Por otro lado, las regalías serán el porcentaje que las compañías tendrán que dar al Estado de las ganancias por los hidrocarburos explotados.

El nuevo fondo

El Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso dentro del Banco de México cuya responsabilidad será administrar todos los ingresos por hidrocarburos, tanto los que generen los contratos otorgados a particulares como los derivados de los derechos que deberán pagar las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cada año, este instrumento tendrá que aportar al Presupuesto de Egresos de la Federación un monto equivalente a 4.7% del Producto Interno Bruto.

3. Los pasivos de Pemex y la CFE

Esta minuta reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El principal punto –y el más polémico— indica que el Estado podrá asumir pasivos laborales (como las pensiones y jubilaciones) de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los diputados aprobaron que estos pasivos laborales únicamente se referirán a pensiones y jubilaciones reconocidas en estados financieros, que actualmente suman 1.6 millones de pesos.

Ese pago por parte del Estado estará condicionado a que, en el año siguiente a que la legislación entre en vigor, Pemex adopte un programa de austeridad en el gasto y negocie con su sindicato cambios al contrato colectivo de trabajo.

Además, el pago del Estado no corresponderá a la totalidad del monto, sino que será proporcional a la reducción del endeudamiento que logre Pemex a través de las negociaciones con su sindicato. Por ejemplo, si la disminución conseguida por la petrolera es de 1%, ese mismo porcentaje será el que pagará el Estado.

4. Leyes de Pemex y la CFE

Esta minuta establece las reglas que deberán seguir ambas instituciones para convertirse en empresas productivas del Estado, una obligación marcada en la reforma constitucional del año pasado.

Ambas compañías deberán regirse bajo un modelo de Gobierno corporativo, en el que tengan un director general, responsable de la operación diaria, y un consejo de administración, encargado de tomar las decisiones de negocios estratégicas y de largo plazo.

Cada consejo estará formado por 10 miembros. En el caso de Pemex, cinco serán funcionarios del Gobierno y cinco serán consejeros independientes propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. En el caso de la CFE, cinco serán funcionarios gubernamentales, cuatro serán consejeros independientes y uno será designado por los trabajadores.

Los consejos de administración podrán decidir que los ingresos excedentes se destinen al pago de pasivos laborales en materia de pensiones y salud. Esta medida es una condición para que el Estado asuma las deudas de las dos instituciones en este rubro.

Cuando Pemex y la CFE estén por celebrar contratos de “impacto o relevancia” con particulares, un testigo social podrá participar en el proceso para hacer observaciones y, de ser necesario, notificar a las contralorías de posibles irregularidades.

5. La apertura eléctrica

La Ley de la Industria Eléctrica fija las reglas para la apertura del mercado de la electricidad.

Esta ley secundaria establece que la Comisión Reguladora de Energía será la responsable de dar permisos a los particulares interesados en generar y suministrar este tipo de energético.

Estas empresas autorizadas competirán con la CFE y, junto con ella, formarán parte del sistema eléctrico del país.

La legislación también establece la creación del Centro Nacional de Control de Energía, que será el encargado de operar y supervisar todo el sistema eléctrico.

Las tarifas eléctricas se mantendrán reguladas por el Gobierno y con un subsidio generalizado, aunque la legislación apunta a que los apoyos se concentren en las zonas rurales y urbanas marginadas.

6. Ley de Hidrocarburos

La nueva Ley de Hidrocarburos incluye las reglas que deberán seguir los particulares que reciban contratos del Estado para la exploración y la explotación de petróleo y gas, entre otros puntos .

Establece, por ejemplo, que los contratos serán concedidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que podrán rescindirse si la empresa contratista detiene sus actividades durante 180 días, si es responsable de un accidente grave en el área otorgada o si entrega información falsa de forma dolosa.

Los propietarios de terrenos donde se exploten hidrocarburos deberán reciban entre 0.5% y 3% de las utilidades del contratista que explote gas no asociado, también conocido como shale o de esquisto. Este energético se obtiene mediante la técnica del “fracking”, que consiste en perforar el suelo e inyectar agua y químicos a presión, a lo que se oponen la izquierda y organizaciones civiles porque lo consideran contrario al ambiente.

Cuando los particulares exploten otro tipo de energéticos en terrenos ajenos la contraprestación será de 0.5% a 2%.

La ley señala que estas tierras podrán ser explotadas por un particular mediante las figuras de servidumbre, ocupación superficial u ocupación temporal, siempre que el contratista llegue a un acuerdo con el dueño del lugar.