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Reforma de transparencia a deuda de estados, con pendientes

Las entidades y municipios deberán rendir cuentas sobre la contratación de deuda pública; sin embargo, los congresos estatales deberán aprobar estos cambios para hacerlos efectivos.
Emilio Gamboa (i), coordinador de la bancada del PRI, conversa con Miguel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva del Senado. (Foto: Cuartoscuro )
senado

La aprobación en el Congreso de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera obliga a los estados y municipios del país a transparentar las deudas que contraten; sin embargo, faltan elementos que deben especificarse para que su alcance derive en finanzas estatales sanas, coincidieron especialistas.

“Elevarla a nivel constitucional es muy positivo. Ahora está en manos de los estados y municipios el mostrar el compromiso para mantener finanzas sanas”, dijo en entrevista la directora de Calificaciones de Estados y Municipios de S& P, Daniela Brandazza.

Señaló que se monitoreará cómo va a quedar la ley regulatoria para ver realmente el impacto positivo, ya que hay elementos que meceren especificarse, como el que la deuda se contratará con las mejores condiciones de mercado, pues este factor por sí solo se limita a buscar la tasa de interés más baja y no tomaría en cuenta las comisiones, penalizaciones o costo de endeudamiento.

La tarde de este martes, con 89 votos a favor y siete en contra, la Cámara de Senadores aprobó la reforma sobre disciplina financiera de estados y municipios , que otorga al Congreso la facultad de expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, entidades y municipios.

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El director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México, Gerardo Carrillo, coincidió en que aún hay elementos que no quedan claros, como los límites de endeudamiento a corto plazo o si se establecerán normas prudenciales.

El senador del Partido Acción Nacional Jorge Luis Lavalle dijo en entrevista que la reforma crea reglas claras para que no haya un sobreendeudamiento , y establece mecanismos de disciplina financiera. Agregó que será en los artículos transitorios donde se definan los detalles.

Para que entre en vigor, la reforma debe ser aprobada por la mitad de los congresos estatales del país más uno. Una vez que se concrete, diputados y senadores deberán definir los artículos transitorios.

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Lo que contempla

La reforma obliga a los estados y municipios a contratar deuda solo para inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento  o reestructura, además, deberán publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único.

Las legislaturas de los estados fiscalizarán las acciones relacionadas con la deuda pública. Se limita el uso de los créditos de corto plazo, los cuales deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de Gobierno correspondiente.

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“En algunos casos se abusó [del endeudamiento a corto plazo] y es necesario que esté reglamentado para que no se pida permiso de su contratación para compensar el faltante de recursos en las tesorerías”, dijo Carrillo, quien explicó que en el pasado algunos estados contrataban montos elevados y luego solicitaban la reestructura en su Congreso a largo plazo, lo que derivó en un crecimiento importante de la deuda.

Ahora, las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de Gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses

“Estamos en espera de las leyes secundarias para ver el impacto real, lo que vemos positivo es el registro único de deuda que brinda más transparencia. Hay que esperar las leyes secundarias, porque así no podremos medir el impacto”, consideró la analista de Moody’s, Roxana Muñoz.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

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¿Deuda subnacional, un riesgo?

Los expertos consultados coincidieron en que a nivel agregado, la deuda de los estados y municipios no representa un riesgo para las finanzas públicas, ya que representa solo 3% del PIB; sin embargo, hay entidades que sí registran un elevado endeudamiento relativo, esto es, deuda respecto a sus ingresos disponibles.

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“Entre más rápido se implemente será positivo para que los gobiernos se disciplinen”, comentó Manuel Kinto, analista de Fitch.

Especialistas señalaron que habrá que analizar los niveles y destinos de gasto que harán los estados en el proceso electoral de este año,  previo a que en 2016 las participaciones que reciben de la Federación se verán reducidas  ante la caída en el precio del petróleo.

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