Gobiernos locales griegos deberán prestarle al Estado
El Parlamento de Grecia aprobó este viernes un decreto que fuerza a las entidades gubernamentales a prestar efectivo al Estado, que se encuentra al borde de la bancarrota , en un hecho que desató una serie de protestas de municipalidades y sindicatos.
Cuando le quedan apenas unas semanas para no quedarse sin fondos, el Gobierno ha estado recurriendo a las reservas de instituciones del sector público a través de transacciones denominadas "repo" o de corto plazo para cubrir sus necesidades.
El lunes el Gobierno ordenó a las entidades, incluyendo a gobiernos locales, que presten al Estado los fondos que no usarán de inmediato, mientras intenta alcanzar un acuerdo con sus escépticos acreedores locales sobre el tramo restante de su rescate financiero.
Protestan contra la medida
Varios cientos de manifestantes protestaron fuera del Parlamento en el centro de Atenas mientras los legisladores votaban por la medida, aprobada por 156 votos a favor y 104 en contra en la cámara de 300 escaños.
"Se trata del compromiso del Estado de pagar los salarios y las pensiones", dijo el jefe del Parlamento, Nikos Filis, al defender la legislación. "El dinero obtendrá mejores intereses (de lo que pagan los bancos)", agregó.
En una protesta simbólica, trabajadores municipales se plegaron a una huelga de tres horas el viernes. Algunos funcionarios de gobiernos locales han amenazado con desafiar la orden, mientras que otros dijeron que requerían explicaciones antes de contribuir a las arcas del Estado.
"Si el primer ministro nos dice que el rescate del país depende del dinero de los gobiernos locales, entonces lo entregaremos todo. Sólo necesitamos convencernos de que hay un plan", dijo el sindicato de las municipalidades del país, KEDE, en un comunicado en el que solicitaba reunirse con el primer ministro Alexis Tsipras.
Las protestas aumentan la presión sobre Tsipras, cuya decisión de continuar resistiéndose a las demandas de sus acreedores es cada vez más impopular.
Un sondeo divulgado esta semana mostró que un 45.5% de los encuestados estaba a favor de la postura negociadora del Gobierno, una baja de casi 30 puntos respecto a febrero.
