Peña Nieto propone reglas para vigilar las deudas de estados
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió este lunes al Congreso de la Unión las iniciativas reglamentarias para darle operatividad a la reforma constitucional de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).
La LDF entró en vigor el 27 de mayo pasado y busca ordenar a los estados que se endeudan indiscriminadamente.
"En un proceso largo, después de casi dos años se llegó a un acuerdo político en el Congreso para establecer los principios para el endeudamiento de los Estados", dijo el secretario de Hacienda Luis Videgaray, al anunciar el envío de la ley reglamentaria.
Destacó que aunque la deuda de los Estados representa apenas 3% del PIB, la tendencia del endeudamiento ha sido creciente en algunas entidades, e incluso algunas ya presentan problemas para el pago a contratistas y proveedores.
Cifras de Hacienda indican que de 2008 a 2013 la deuda creció de 2.7% del PIB a 3.1%, sin embargo, de acuerdo con Videgaray en los últimos dos años se ha conseguido reducir a 2.9%.
Las cifras de México contrastan con el 7% de Argentina o el 12% de Brasil.
De acuerdo con la LDF, los estados considerados como estables en sus pasivos podrán endeudarse hasta en un 10% más, los que estén en observación 5% más y los que ya tengan pasivos elevados no podrán hacerlo.
La ley contempla un repositorio en el que los estados tendrán que hacer públicos todos sus pasivos.
Videgaray indicó que la Ley se moverá en torno a tres ejes: responsabilidad, transparencia y colaboración.
Destacan confianza
El presidente Peña Nieto dijo que en medio de la volatilidad y turbulencia que sufren los mercados internacionales, la ley de disciplina fiscal para los estados indica que México es un país responsable, en el que se puede confiar.
En el contexto financiero actual, los grandes inversionistas solo invertirán y generarán empleos en países que ofrezcan certidumbre.
La reforma incluye reglas y estándares para la contratación de deuda, la creación de un registro público único (para el registro de todos los pasivos), el establecimiento de sistemas de alertas y la oportunidad de que algunos estados cuenten con el aval del Gobierno Federal para la contratación de deuda.
