Impacto social puede complicar tercera etapa de la Ronda Uno

Las  25 áreas en zonas terrestres que se licitarán en la tercera fase de la Ronda Uno están en riesgo de tener mayores costos por los impactos sociales que generarán en las comunidades indígenas donde se ejecutarán, por lo que el Gobierno federal debe realizar toda la tarea de análisis de impacto para garantizar el atractivo de los campos, coincidieron analistas.

Consideraron adecuado que la Secretaría de Energía (Sener) realice todo el proceso de evaluación de impacto social y que dicte las acciones precisas que las empresas deben efectuar en las comunidades para evitar que los proyectos pierdan atractivo.

“Debe de haber certidumbre, que se determinen los riesgos en superficie. La empresa se guía por el yacimiento, la autoridad debería entregar un mapa de riesgos con las áreas restringidas o protegidas, qué comunidades hay, en qué zonas y como han sido las negociaciones pasadas”, comentó el consultor de Caraiva y Asociados, Ramsés Pech.

Otro riesgo es que las compañías sean extorsionadas para que se les permita trabajar.

“Lo que se quiere es que la Sener haga todos los trámites aunque los ponga en el costo de la licitación. Las empresas están dispuestas a aportar a una comunidad, lo que no quieren, principalmente las extranjeras, es dar pagos a funcionarios porque a final de cuentas es corrupción.

“Lo que ha pasado es que ha habido casos de extorsión como en proyectos eléctricos o gasoductos. Detrás de comunidades hay caciques o funcionarios municipales que buscan extorsionar y el ejemplo más emblemático es la hidroeléctrica de la Parota en Guerrero”, comentó una fuente que prefirió no ser identificada.

La Ley de Hidrocarburos dice que, previo al otorgamiento de una asignación, o de la publicación de una convocatoria de licitación , la Sener en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias competentes, realice un estudio de impacto social de dicha área.

Los interesados deberán presentar una evaluación de impacto social que contenga la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.

El costo de una evaluación va de 200,000 a 5 millones de pesos (mdp), mientras que los costos por la suspensión o incluso cancelación de proyectos (y con ello la perdida de la inversión y utilidades proyectadas), debido a la oposición de las comunidades se calcula hasta en 3,000 mdp, según el anteproyecto de las Disposiciones de Impacto Social que está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Conflictos al alza

En los últimos años se han incrementado este tipo de conflictos , destacando casos de repercusiones negativas sobre las comunidades y sus derechos, así como la cancelación de grandes obras de infraestructura.

“Es una obligación, las empresas tienen que determinar si hay presencia de comunidades indígenas y si la hay en qué la puede impactar (un proyecto). Tienen que hacer un plan de mitigación y quién lo aprueba es la comunidad con una consulta porque vas a influir en su esfera de actuación y tienes que mitigar el impacto si es que lo autorizan”, explicó la asociada del área ambiental de la consultoría Santamarina y Steta, Andrea Cavazzani, quien agregó que los costos para una empresa pueden sumar unos 2.5 mdp dependiendo de la complejidad del área.

En los documentos de la consulta realizada por Cofemer se muestra que las empresas han expresado varías dudas sobre el anteproyecto y en algunos casos se sugiere que se defina que la asignación de los recursos para el desarrollo humano que reciban las comunidades tengan como prioridad la ampliación del capital humano de dichas comunidades, su infraestructura para el desarrollo y el financiamiento a iniciativas de diversificación económica de la zona.

“(Generalmente) las empresas acuden al territorio y tocan base con la gente para conseguir que accedan, pero es un peligro si no se regula adecuadamente. A la vez Sener e s responsable del estudio pero no necesariamente tiene atribuciones de impacto social y es juez y parte para ver si se pueden realizar los proyectos, es una relación compleja”, subrayó la investigadora de la organización Fundar, Aroa de la Fuente.

De las 145 áreas a licitar el 68% en tierra y el resto en región marina. Los riesgos de los yacimientos son controlables en función de análisis y evaluación del campo que se puede realizar con base en la información que la Comisión Nacional de Hidrocarburos provee en el cuarto de datos, pero los estudios de impacto social pueden incrementar el costo de un proyecto entre 15 a 25%, además de que un proyecto puede modificar por completo la vida de las comunidades.

Los ganadores de las licitaciones se darán a conocer en diciembre entrante e incluye  25 campos terrestres para la extracción de hidrocarburos ubicados en los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y en Veracruz.