La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo este lunes que el país es capaz de superar sus actuales dificultades económicas mediante las políticas de austeridad fiscal de su gobierno, con las que busca recuperar la confianza de los inversores.
Durante una presentación en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Rousseff dijo que su gobierno no tolerará la corrupción, en referencia a un extenso escándalo de sobornos en el que están implicados el Partido de los Trabajadores, al que ella pertenece, y sus aliados.
La mandataria brasileña advirtió que todos los que cometieron delitos serán castigados.
"Brasil no tiene ningún problema estructural grave. En general,
", dijo Rousseff."En vista de eso, estamos reequilibrando nuestro presupuesto y hemos asumido una reducción importante en el gasto del Gobierno".
La economía brasileña, la mayor de América Latina, se hundió en los dos últimos trimestres y se prevé que se contraiga este año y el próximo, el primer declive anual en dos años consecutivos desde la década de 1930.
La moneda, el real,
y el gobierno intenta cubrir un creciente déficit fiscal."La lenta recuperación de la economía mundial y el final del súper ciclo de las materias primas ha tenido un impacto negativo en nuestro crecimiento", dijo la mandataria, prometiendo "reorganizar el marco de trabajo fiscal reduciendo al mismo tiempo la inflación, consolidando la estabilidad macroeconómica y aumentando la confianza".
Los inversores aguardan para ver si Rousseff podrá conseguir que el Congreso apruebe impopulares nuevos impuestos.
"Somos capaces de superar las dificultades presentes", afirmó.
Los problemas económicos se desarrollan en medio de una crisis política provocada por un escándalo de sobornos que rodea a la petrolera estatal Petrobras y Rousseff ha prometido que aquellos que cometieron delitos serán castigados.
Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda soberana de Brasil a categoría "especulativa" este mes, lo que llevó a Brasilia a
para evitar otra rebaja en su nota crediticia, que obligaría a los inversores institucionales a vender bonos brasileños.