Calderón partidizó la lucha contra el narcotráfico: Estudio

Un estudio publicado por la revista Política y Sociedad, editada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indica que durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) la estrategia de lucha contra el crimen organizado tuvo tintes partidistas.

El documento —elaborado por Guillermo Trejo, profesor en la Universidad de Notre Dame, y Sandra Ley, del CIDE— señala que los datos apuntan a que la violencia en ciudades de estados gobernadas por el PRD —al que ubica como "la némesis política del presidente"— fue hasta 100% mayor que en aquéllas controladas por el PAN, el partido de Calderón.

La hipótesis de los académicos es que este fenómeno fue aprovechado por el gobierno en turno para minar las bases electorales de la izquierda que, de acuerdo con la argumentación de los autores, estaba más distanciada de su ideología, no reconoció los resultados de los comicios presidenciales de 2006, cuestionó la legitimidad del Ejecutivo y se opuso a su gestión.

El análisis está enmarcado en el conflicto postelectoral tras el cual el excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su contendiente del PAN había ganado la votación a través de un fraude.

“En contextos de aguda polarización política —como el que privó en México antes de la guerra contra las drogas— el conflicto partidista puede motivar al gobierno federal a desarrollar intervenciones militares y policiales cooperativas en regiones donde gobierna el partido del presidente y a negar asistencia efectiva en regiones gobernadas por sus enemigos políticos, para después culparlos de la violencia criminal”, abunda.

El trabajo —titulado Federalismo, drogas y violencia Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México — argumenta que la administración federal empleó “estrategias radicalmente diferenciadas ante la violencia del narcotráfico”, incluso cooperando parcialmente con la oposición de PRI, que reconoció la victoria de Calderón, lo ayudó a rendir protesta al cargo y era un “probable socio legislativo para su agenda de reformas económicas” al ser “ideológicamente más cercanos”.

“Los funcionarios gubernamentales a menudo hacen uso estratégico de la aplicación de la ley y estimulan, toleran o simplemente “administran” la violencia, en lugar de reprimirla (...) para castigar a sus enemigos políticos”, añade el texto.

Con este argumento, los investigadores descartan que se haya tratado solamente de un problema de coordinación entre autoridades de distintos partidos, pues observan una mejor voluntad de cooperar con rivales menos lejanos.

Las acciones identificadas en el esquema de la intervención federal en regiones afectadas por la delincuencia organizada son el despliegue de las fuerzas militares y policiales, la investigación judicial y el enjuiciamiento de autoridades locales coludidas, exposición pública de la corrupción de éstas y ayudas a los gobiernos locales.

La investigación sostiene que, en tanto que los gobiernos considerados de derecha recibieron ayuda para purgar sus policías, información de inteligencia y apoyo en municipios donde los cárteles reclutaban jóvenes pandilleros, además de que sus copartidarios corruptos no fueron enjuiciados, los de izquierda fueron culpados de la intensificación del conflicto y encararon intervenciones militares y policiales diseñadas unilateralmente.

Uno de los casos de estudio considerados fue Apatzingán, Michoacán, donde los especialistas encontraron que “el conflicto intergubernamental” y el "uso partidista de la aplicación de la ley por parte del gobierno federal condujeron a espirales de violencia criminal y facilitaron el crecimiento de Los Caballeros Templarios”, un cartel que se desarrolló en la localidad.

Esta falta de cooperación intergubernamental, además, “significó que las autoridades federales ya no tuvieron acceso a información local y que las autoridades locales ya no contaron con protección federal adecuada”, según los hallazgos del escrito presentado por el CIDE, instituto inscrito en los centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“El presidente Calderón no alcanzó ningún nivel significativo de cooperación con autoridades subnacionales de izquierda y que su confrontación con gobernadores y alcaldes y su decisión de abandonarlos estratégicamente en la lucha contra los cárteles derivó en estallidos de violencia criminal, como muestra el caso de Michoacán”, asevera.

Calderón se ha valido de la explicación de la coordinación en torno al mayor o menor éxito de su estrategia contra el narcotráfico en determinadas zonas del país.

"A pesar de la severidad de la crisis de violencia, cuando hay decisión, coordinación y constancia entre autoridades federales y locales, los niveles de homicidio pueden ser atemperados, controlados y disminuidos (...) No es casualidad que los gobiernos que no han depurado a sus instituciones de seguridad y justicia, como los de Michoacán, Guerrero y, en alguna medida, Tamaulipas y Durango, sigan enfrentando serios problemas", escribió el expresidente en su libro Los retos que enfrentamos (Debate, 2014).

CNNExpansión pidió conocer la opinión del exmandatario federal sobre estas aseveraciones, pero no respondió de forma inmediata a una solicitud de entrevista.

Los autores concluyen que es esencial una reforma institucional “imponer controles más estrictos a las autoridades federales mexicanas para evitar que un presidente vuelva a utilizar a la policía federal, al Ejército y a las procuradurías para castigar a sus rivales políticos y asistir a sus copartidarios”, con el fin de “establecer el Estado de derecho”.

Para el estudio, se diseñó una base de datos tomando como fuente los reportes de criminalidad publicados por el diario Reforma, debido a que la información oficial solo abarcan el periodo 2007-2010, pero —afirma el texto— los modelos fueron probados con ésta “y los principales resultados permanecieron inalterados”.

El artículo agrega que este tipo de fenómenos de utilización política de la estrategia anticrimen ha sido ubicada en estudios sobre la situación de violencia de lugares como Colombia, India o Argentina.