PRI, PAN, PRD... con casos de políticos vinculados al crimen
Las principales fuerzas políticas del país tienen en su historial diferentes casos de militantes o candidatos a los que se les ha señalado por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
La situación más reciente es la de Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local en Sinaloa que llegó al cargo legislativo impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) en el 2013, y quien es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán.
La legisladora visitó al narcotraficante en la cárcel de Máxima Seguridad del Altiplano, utilizando documentos falsos, además de pasar la fiesta de Año Nuevo con el capo, cuando éste era buscado por la autoridades tras su fuga del penal en julio del 2015. Tras las acusaciones, Sánchez López renunció a la bancada blanquiazul del Congreso de Sinaloa.
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, informó este lunes sobre la designación del diputado federal Federico Döring como delegado especial en Sinaloa, para indagar el caso de la diputada y “llegar hasta las últimas consecuencias” respecto a cómo ocurrió su postulación a la diputación local, pues no es militante del partido.
“El PAN debe una explicación a la ciudadanía y a su militancia acerca de las razones por las cuales fue postulada”, publicó en su cuenta de Twitter el expresidente Felipe Calderón.
En tanto su esposa y aspirante a una candidatura presidencial, Margarita Zavala, criticó que el crimen organizado haya logrado infiltrarse en las estructuras de los partidos en diferentes momentos.
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Presentamos un recuento de otros políticos que han estado acusados de tener presuntos vínculos con cárteles de la droga.
José Luis Abarca (Partido de la Revolución Democrática)
Llegó a ser alcalde del municipio de Iguala, Guerrero, de la mano del perredismo y fue recluído en el penal del Altiplano, luego del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa , la noche del 26 de septiembre de 2014.
Junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda (recuída en una cárcel de Nayarit) la PGR los acusó de ser parte de la estructura los Guerreros Unidos , grupo criminal involucrado en la desaparición de los estudiantes.
Quien era dirigente del PRD en 2014, Carlos Navarrete, reconoció que no habían sido “lo suficientemente cuidadosos” al seleccionar a Abarca como candidato a una alcaldía, ya que había señalamientos previos de sus vínculos criminales.
Julio César Godoy (Partido de la Revolución Democrática)
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó al político perredista de tener vínculos con el crimen organizado, en específico con la organización La Familia michoacana y su líder Servando Gómez la Tuta.
En diciembre de 2010, tras ser elegido como legislador federal, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó quitarle el fuero constitucional, para que quedara a disposición de las autoridades judiciales, pero escapó y hasta la fecha está prófugo.
Godoy Toscano es medio hermano de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán.
Jesús Reyna García (Partido Revolucionario Institucional)
Las autoridades lo encarcelaron en mayo de 2014, con la acusación de tener nexos con Los caballeros templarios y su líder, la Tuta, en territorio michoacano.
El político había ocupado el cargo de gobernador interino, por la ausencia del mandatario estatal, Fausto Vallejo, que atendía problemas en su salud. Antes Reyna García tuvo el puesto de secretario de Gobierno.
Como priista, llegó a ser diputado federal (2000-2003) y diputado local (2004-2006), además de presidente del partido a nivel estatal (2000-2004).
Mario Villanueva (Partido Revolucionario Institucional)
El priista gobernó Quintana Roo de 1994 a 1999, y en 2001 lo arrestaron con la acusación de ayudar al cártel de Juárez en operaciones para lavar millones de dólares a través de bancos en Estados Unidos y otros países, y para transferir cocaína colombiana desde Cancún.
En mayo de 2010 se dio su extradición a Estados Unidos, para ser procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa, y permanece preso en ese país.
Según la indagatoria de la PGR, Villanueva recibía entre 400,000 y 500,000 dólares por cada cargamento de cocaína que permitía descargar y almacenar en ranchos en Quintana Roo.
Humberto Moreira (Partido Revolucionario Institucional)
Tras la detención en Madrid del expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, el diario El Español indicó que las autoridades españolas habían incluido en su indagatoria acusaciones de supuestos nexos de Moreira con el cártel de los Zetas.
El dirigente actual del priismo, Manlio Fabio Beltrones, dijo a Televisa que esos señalamientos eran fantasiosos, y Moreira salió de la cárcel en España el 22 de enero, aunque con la restricción de no poder salir del país europeo, mientras siguen las indagatorias. Las investigación sigue en curso.
