Congreso aprueba ley que controla deuda estatal y municipal
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 382 votos a favor, cero en contra y 32 abstenciones, la minuta que le devolvió el Senado de la República de la Ley de Disciplina para Estados y Municipios.
El decreto que fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación, promulgación y entrada en vigor, también fue votado en lo particular el Articulo dos y el noveno de la Ley de Coordinación Fiscal, que fueron avalados sin cambios, por 375 en pro, cero en contra y 29 abstenciones.
Esta legislación establece sanciones administrativas y penales para castigar a servidores públicos que endeuden indebidamente a las entidades o a los ayuntamientos del país, que se estima que actualmente es de unos 500,000 millones de pesos.
Lo avalado por los diputados y diputadas fueron modificaciones, adiciones y derogaciones que los senadores realizaron a diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, motivo por el cual la minuta se devolvió a la Cámara de origen.
En el documento se establecen los criterios de responsabilidad hacendaria que regirán a los estados y municipios para el manejo sustentable de sus finanzas públicas, al expedir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Entre otras modificaciones que se avalaron este jueves a esta ley secundaria a la reforma constitucional en la misma materia destaca incrementar de 10% a 15% de los ingresos de libre disposición para clasificar a la entidad como ente público sostenible, esto en el marco del sistema de alertas establecido.
Se sustituyeron las referencias al Distrito Federal por Ciudad de México, y órgano político-administrativo por alcaldías, en razón de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de enero de 2016.
También se fijará como límite de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores para los órganos municipales el 2.5% de los ingresos totales del respectivo municipio.
Se establece de manera explícita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estará facultada para solicitar información financiera a los entes públicos, a efecto de dar viabilidad al sistema de alertas, seguimiento a la evaluación de convenios, y en consecuencia fortalecer la rendición de cuentas.
Y finalmente, el ordenamiento, que inició su proceso legislativo desde 2012, impondrá castigos a quienes incurran en actos de corrupción o utilicen de manera incorrecta los recursos públicos, al canalizarlos a un destino que no sea la inversión pública.
