Nuevo León escala pugna con Kia: renegociación o tribunales

El conflicto entre la armadora Kia y el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez “El Bronco”, podría llegar a los tribunales si la automotriz surcoreana no accede a una renegociación justa para ambas partes, advirtió el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) estatal, Fernando Turner.

El funcionario señaló que ante las irregularidades detectadas en el convenio de estímulos económicos firmado entre la anterior administración del priista Rodrigo Medina y la empresa, el actual gobierno —que ganó las elecciones por la vía independiente— podría eliminar el convenio por la vía judicial.

Ésta es la primera ocasión en la que Turner plantea la posibilidad de combatir en tribunales dicho acuerdo, que la administración de “El Bronco” ha intentado renegociar desde el inicio del actual gobierno, en octubre pasado, por considerar que los beneficios son excesivos y ponen en jaque las finanzas públicas estatales.

“Es una opción, si KIA no acepta negociar, que pues lo han aceptado a veces, y luego le dan para atrás y luego le dan para adelante, pero si no, pues claro que es un camino, el judicial”, dijo en entrevista.

CNNExpansión buscó conocer la postura de Kia sobre este exhorto, pero los representantes de la empresa no estuvieron disponibles para comentarios de manera inmediata.

Sin embargo, Turner —quien además es propietario de la empresa de autopartes Katcon— aseguró que, por el momento, el estado no quiere entrar en un conflicto judicial sino lograr una renegociación del acuerdo, cuyo cumplimiento la empresa ha pedido públicamente .

“Nosotros no hemos querido plantearlo a un tribunal, puesto que ese camino pues es un camino bastante agresivo. Porque en caso de que un tribunal diga lo que esperamos, que el convenio es ilegal, pues Kia se quedaría sin ningún tipo de apoyo y lo que el gobierno les ha dado pues tendrían que regresarlo”, abundó.

El secretario de Economía local recalcó que el convenio pactado por el anterior gobierno con Kia está plagado de irregularidades —al menos 30 violaciones a las leyes que regulan las inversiones en Nuevo León, según el servidor público—, por lo que insistió en que la nueva administración no puede avalarlo.

“Lo que ellos consiguieron pues viola las leyes y hacen que el convenio no sea ejecutable”, afirmó.

Entre los beneficios ofrecidos a Kia —y que el actual gobierno ve como irregulares— están incentivos fiscales equivalentes al 28% de la inversión, la donación y preparación del terreno en el municipio de Pesquería y obras complementarias como la instalación de drenaje en la zona. El anuncio oficial de esta inversión fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de agosto de 2014.

“Fueron promesas que no estuvieron fondeadas y que no tenían ninguna base en la capacidad financiera del gobierno (...) Uno de los primeros requisitos de un convenio de inversión, de acuerdo con la Ley de Inversiones en el estado, es que esté de acuerdo a las situaciones financieras del estado y que esté fondeado”, abundó.

Turner explicó que una muestra de lo irregular de los incentivos fiscales es que a empresas automotrices como BMW, en San Luis Potosí, y Mazda y Toyota, en Guanajuato, los gobiernos estatales ofrecieron incentivos de entre el 5 o 6% de la inversión total.

Por estas supuestas anomalías, la Sedec envió un expediente sobre el caso KIA a la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León para que sea investigado.

El funcionario mencionó que espera que los funcionarios responsables de firmar el convenio sean castigados.

“No soy fiscal, no conozco las leyes penales pero aquí se pueden tipificar, yo creo, pues varios delitos de todo tipo: penales, administrativos y civiles", indicó.

"Es una desgracia, pero el manejo del gobierno pasado fue un desorden completo y una corrupción generalizada y además una ineptitud que es verdaderamente asombrosa”, agregó.

El integrante del gabinete de "El Bronco" añadió que, además de lo irregular del convenio, el gobierno no cuenta con los recursos para cubrir los incentivos pactados por la administración de Medina, que asciende a 11,500 millones de pesos, equivalentes a 15% del presupuesto anual de Nuevo León.

“Ya no tenemos recursos ni autoridad legal para seguir invirtiéndole dinero a ese proyecto, a menos que se haga un contrato o un convenio legalmente válido. Y eso sí pudiera generarles problemas de arranque en su planta o problemas de costo-operación”, aseveró Turner.