El gobierno mexicano prepara propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enviará este mismo mes a la Cámara de Diputados las primeras iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo y eliminar los procesos que obstaculizan la aplicación de la justicia laboral, principalmente en el tema de despidos injustificados y la amplia duración de juicios.
"Estamos justamente en los trabajos para identificar los cambios que sean necesarios y la intención que tenemos es que antes de que concluya este periodo legislativo se presente un primer paquete de iniciativas”, dijo en entrevista el subsecretario federal del Trabajo, Rafael Avante.
“Dependiendo de lo ambicioso que sean los cambios habrán otros ordenamientos o iniciativas que se irán trabajando, pero no queremos desaprovechar la oportunidad de que con la conclusión de este periodo ya enviemos las primeras propuestas", agregó.
Los despidos injustificados, la extensa duración de los juicios laborales y malas prácticas tanto de patrones y trabajadores en estos juicios son algunos de los factores que incluirá la reforma, afirmó en el marco de su participación en la conferencia Los retos de la justicia laboral, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Lo anterior porque hasta ahora la ineficiencia de la justicia social en México es costosa, tanto para trabajadores como empresarios que pueden enfrentar juicios de hasta 10 años, además del pago de honorarios a abogados.
Avante agregó que la reforma también abordará temas de derecho de trabajo colectivo para garantizar que un trabajador sea el de la decisión de adherirse o no a un sindicato.
Sobre el tema de los juicios agregó que la reforma buscará reducirlos a un año máximo.
Distorsiones en el mercado laboral
El especialista de la unidad de mercados laborales y de seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), David Kaplan, dijo que la ineficiencia de la justicia laboral sólo genera distorsiones en el mercado del trabajo.
Por ejemplo, expuso, para evitar el pago de indemnizaciones por despido o la incertidumbre que genera el proceso de un juicio, los patrones generan estrategias como el no registrar al empleado ante alguna autoridad, dar contratos eventuales o pagar honorarios, cuando realmente la situación del empleado es de un asalariado.
En tanto que para el trabajador asalariado resulta complicado obtener una indemnización en caso de despido.
En 2015, de los 1.11 millones de trabajadores que perdieron su empleo, solo 78,577 obtuvieron una indemnización, aseveró Kaplan.
La académica del ITAM, Joyce Sadka, comentó que hasta ahora en menos de la mitad de los juicios ganados por los empleados se les paga algo, mientras que el rezago de los tribunales laborales es de tres a cuatro años.
