Organizaciones temen que Donald Trump corte los apoyos a los pobres
Más de 150 bufetes de abogados en todo Estados Unidos enviaron una carta al director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, el jueves pasado, instándole a no proponer la eliminación de fondos federales para la Legal Service Corporation (LSC).
La LSC proporciona subsidios a organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional, que a su vez proporcionan ayuda legal civil a aquellos que de otro modo no podrían pagarla. Los beneficiarios del financiamiento de LSC incluyen a veteranos sin hogar, trabajadores de bajos ingresos y víctimas de abuso doméstico.
Los bufetes de abogados argumentaron que privar de fondos el LSC perjudicaría en gran medida a los servicios legales proporcionados por los grupos sin fines de lucro, así como a los abogados probono privados.
“La eliminación de la Legal Service Corporation no solo pondrá en peligro la capacidad de las organizaciones civiles de ayuda legal de servir a los estadounidenses que lo necesitan, sino que también disminuirá enormemente la capacidad de las barras privadas de ayudar a estas personas”, dijo la carta.
Se espera que Mulvaney, quien dirige la Oficina de Administración y Presupuesto del gobierno de Estados Unidos, publique esta semana los recortes presupuestarios propuestos para compensar la solicitud del presidente Trump de un aumento de 54,000 millones de dólares en gastos de defensa el próximo año.
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Esos recortes provendrían principalmente de los programas nacionales no relacionados con la defensa. Como parte de ellos, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca recomendará la eliminación total de algunas agencias en la nómina federal.
El financiamiento federal del LSC ayuda a casi dos millones de personas al año. Pero eso es solo una fracción de los 63 millones de personas que se estima que están financieramente calificadas para los servicios legales financiados por el LSC.
Y Jim Sandman, el presidente del grupo, dijo a CNNMoney que la gran mayoría de las personas de bajos ingresos tienen necesidades legales civiles cada año. Abarcan desde problemas de vivienda (como desalojo injustificado o condiciones de vida deficientes) hasta disputas familiares sobre manutención infantil y custodia de niños, o estafas de consumo. La gente también necesita ayuda para presentar reclamaciones de seguros después de desastres naturales o para solicitar beneficios de sustento federales.
Mientras que LSC goza de apoyo bipartidista, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OMB, por sus siglas en inglés) ha señalado que sus críticos sostienen que los abogados de servicios legales “con demasiado frecuencia se enfocan en causas sociales en lugar de satisfacer las necesidades de personas más pobres con problemas legales rutinarios”.
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Sus partidarios argumentan que el dinero proporcionado a través del LSC representa una cantidad sustancial de fondos para los beneficiarios del LSC. La CBO dijo que sigue siendo “la fuente de financiamiento más grande y más importante para los servicios legales civiles a nivel nacional”.
De hecho, Sandman señala que más de la mitad de los fondos de asistencia legal provienen del LSC en 12 estados, la mayoría de los cuales tienen grandes poblaciones rurales: Alabama, Arizona, Idaho, Indiana, Kansas, Misisipi, Nevada, Nuevo México, Carolina del Sur, Texas y Utah.
Sandman teme que su grupo esté en la lista de eliminados porque no ha escuchado una palabra de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una clara diferencia respecto a años anteriores.
“La LSC no ha recibido respuesta a la solicitud de presupuesto que presentamos a la Oficina de Administración y Presupuesto en septiembre pasado, aunque se ha informado que otras agencias recibieron respuestas a sus solicitudes la semana pasada.
Un portavoz de la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que el plan del presupuesto del presidente será lanzado a mediados de marzo y sería por lo tanto prematuro hacer comentarios sobre las “discusiones internas” en la Casa Blanca.
