El laudo ordena al país pagar 37.1 millones de dólares más intereses a la tasa de bonos del Tesoro de México a un año, compuestos anualmente, a partir del 12 de octubre de 2018, hasta que el laudo se pague en su totalidad, y también los honorarios de los árbitros y los costos administrativos.
Ante esto el Gobierno de México desaprueba el fallo emitido por un tribunal internacional administrado por el CIADI.
"Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el pasado 17 de septiembre finalmente la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga a nuestro país a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur. Esta cifra representa alrededor del 1.18 % del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje", señalan las dependencias de México.
Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del TLCAN.
El gobierno de México expone que entre los socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira.
Y que durante el arbitraje internacional, México demostró que la empresa no cuenta con experiencia para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino.
"En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo", detallan.
Las dependencias indican que se le dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
Pero la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos "cuantiosos" por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal.
Por esto la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles.
