Son 23 estados los que ya formaron el convenio. Moody’s detalla que, desde 2024, la Secretaría de Hacienda descuenta directamente de las transferencias federales la porción convenida del FASSA para enviarla al IMSS-Bienestar.
Esa medida provocó una caída de 23% en los recursos distribuidos a los estados y una reducción promedio de 34% en las entidades con convenio, equivalente a 38,000 millones de pesos. En contraste, los estados que no se sumaron registraron un crecimiento de 7% en el mismo periodo.
La tendencia continuó en 2025. Los estados incorporados al programa tuvieron una nueva reducción de 20%, mientras que los no adheridos sufrieron una baja más moderada de 5%. El efecto en las finanzas públicas fue inmediato. El gasto en salud de los estados con convenio cayó 13% en 2024 y 12% en 2025, mientras que los demás aumentaron ligeramente sus presupuestos.
Moody’s advierte que este ajuste no es proporcional a la reducción de transferencias federales. En muchos casos, los gobiernos locales mantienen obligaciones fijas, como nóminas, mantenimiento y gasto hospitalario, lo que los obliga a destinar más recursos propios y participaciones federales para cubrir la operación.
En 2023, los recursos del FASSA cubrían 47% del gasto estatal en salud. Para 2024, en los estados con convenio, esa proporción cayó a 37%, y este año apenas alcanza 35%. En contraste, los estados que permanecen fuera del programa mantienen una cobertura de 41%.
Moody’s estima que, al cierre de 2025, la brecha de gasto en los estados adheridos al IMSS-Bienestar será equivalente a 0.7% de sus ingresos operativos, un nivel manejable, pero que se suma a otras presiones financieras. Entre ellas están los compromisos por pensiones, aumentos salariales, obras públicas y adeudos con la federación.
La calificadora explica que esta presión acumulada puede deteriorar la calidad crediticia de algunos estados si no logran compensar la pérdida de transferencias con mayores ingresos propios o ajustes en su gasto corriente.
Aunque la medida fortalece el control federal del sistema de salud, reduce la flexibilidad presupuestaria de los gobiernos locales y debilita su capacidad para responder a emergencias o mantener inversiones en infraestructura sanitaria.
Moody’s concluye que el impacto crediticio no es inmediato ni generalizado, pero advierte que la tendencia hacia una mayor centralización del gasto en salud elevará las presiones fiscales subnacionales en los próximos años.
El reto, advierte el reporte, no está en la provisión de los servicios médicos, sino en cómo financiar un modelo que pretende ser universal mientras reduce los ingresos locales.
