En 2020, el ingreso promedio por pensión contributiva fue de 7,362 pesos mensuales, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Con una canasta alimentaria que alcanzó los 1,714 pesos en zonas urbanas y 1,306 en zonas rurales, ese ingreso permitía cubrir más de cuatro canastas urbanas o cerca de cinco rurales.
Para 2025, la pensión promedio bajo el sistema de Afores se ubicó en 5,216 pesos mensuales, según el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que la canasta alimentaria subió a 2,467 pesos en el ámbito urbano y 1,854 en el rural. El ingreso alcanza para alrededor de dos canastas urbanas y poco más de dos rurales.
A diferencia de 2020, ese monto ya no permite cubrir el mismo nivel de necesidades básicas, incluso en zonas donde el costo de vida es menor.
Un ingreso que ya venía limitado
El deterioro en el poder adquisitivo no es un fenómeno aislado. Forma parte de una dinámica más amplia en la que el costo de los alimentos crece a mayor velocidad que los ingresos fijos.
Bajo este escenario, las pensiones —que no están diseñadas para ajustarse de forma inmediata a la inflación— quedan rezagadas frente al encarecimiento del consumo básico. Incluso antes de este repunte en precios, una parte importante de la población pensionada ya enfrentaba limitaciones económicas.
Para 2020, 42.9% de quienes recibían una pensión en México tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que evidencia que contar con este dinero no garantiza cubrir lo mínimo indispensable. Además, solo tres de cada 10 personas mayores acceden a una pensión contributiva, lo que deja a la mayoría dependiendo de apoyos sociales o sin ingresos formales en la vejez.
