La incertidumbre jurídica frena las inversiones mineras

La cantidad de autoridades que se encargan de regular, administrar y supervisar al sector minero entorpece los procesos de la industria, según las quejas de las compañías.
Menor atractivo.  En 2016, la inversión nacional en minería cayó 19% a 3,752 millones de dólares (mdd), su nivel más bajo desde 2010 y su cuarto descenso consecutivo.  (Foto: iStock)
Rosalía Lara
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La minería es un sector de suma importancia para México. Es el sexto en generación de divisas para el país. Sin embargo, no existe una sola instancia que regule, administre y supervise todos los procesos, lo que genera desconfianza entre inversionistas que cada vez destinan menos capital al sector.

“La imposición de nuevos derechos, el desmesurado incremento de otros y la falta de certeza jurídica, son los principales elementos disuasivos para invertir en el país”, comenta Daniel Chávez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

En 2016, la inversión nacional en minería cayó 19% a 3,752 millones de dólares (mdd), su nivel más bajo desde 2010 y su cuarto descenso consecutivo, según datos de la Camimex.

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Después de obtener la concesión de parte de la Secretaría de Economía, el registro sanitario ante Secretaría de Salud (SA), la evaluación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el permiso para uso de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de uso de agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una minera debe obtener los derechos sobre el terreno donde operará.

La concesión solo es el derecho sobre el subsuelo no sobre la superficie; para obtener el permiso se debe negociar y llegar a un acuerdo con el propietario de las tierras o con la comunidad en la que se establezca. Además, de ser parte de un pueblo indígena, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda realizar una consulta previa a los pueblos indígenas establecidos en la localidad o región.

Si la minera no llegase a tener alguno de los permisos o registros, la operación puede ser suspendida y en algunos casos se le puede revocar la concesión sin importar la inversión ya efectuada.

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Según Jorge Sánchez, experto en el sector minero de la firma Haynes and Boone, a veces existen desacuerdos entre ejidatarios de una misma comunidad que terminan por afectar los acuerdos alcanzados con la minera.

Uno de los casos más recientes es el de Peñasquito de Goldcorp. La mina, en Zacatecas fue bloqueada 12 días por transportistas a los que se les unieron miembros de la comunidad que exigían el cumplimiento de todos los compromisos hechos por la canadiense. Peñasquito es la segunda mina más importante en producción de oro y plata en el país, según la Camimex. El bloqueo no afectó sus resultados.

Como Peñasquito, hay otras minas que registran conflictos. De acuerdo con la red de afectados por la minería, hay 300 conflictos mineros en el país, asegura Marissa Jacot, directora de la organización no gubernamental Fronteras Comunes.

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Por ello, la Camimex hace un llamado a las autoridades para que brinden la certeza jurídica y una política minera que promueva la inversión, su desarrollo y seguridad a los inversionistas y a las comunidades. “La certeza jurídica se logra evitando el cambio en las reglas a mitad del juego, es decir, de la legislación o la limitación en el uso de la superficie, cuando ya se tiene un potencial proyecto”, señala en su informe anual 2016.

La Cámara trabaja con autoridades sobre este tema y es optimista con la inversión futura. Estima que en 2017, el monto de inversión aumente 47% a 5,532 mdd. Sánchez coincide, “cada país tiene sus complicaciones, pero México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera”.

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