El avión presidencial Boeing 787-8 Dreamliner regresará a México para un segundo round, en lo que ha sido una larga batalla que ya lleva un año por vender la aeronave. El tiempo ha pasado factura y lo que en 2016 costó 218.7 millones de dólares (mdd), para junio de 2019 tenía un costo mínimo de 150 mdd, según un avalúo de la ONU, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que actualmente tenía un costo de 130 mdd.
Estas son las posibles soluciones para la venta (o renta) del avión presidencial
El gobierno federal ha puesto varias opciones sobre la mesa para la comercialización de la aeronave, pero podría estar dejando fuera costos adicionales.
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La nueva estrategia del gobierno federal consiste en tres opciones: vender la aeronave a una compañía o individuo, a una sociedad –es decir, que dos o más empresas hagan la adquisición en copropiedad–, o bien rentar la aeronave, dijo Jorge Mendoza, director de Banobras, durante la conferencia matutina de ayer. Pero ¿con cuál de estas alternativas el gobierno podría recuperar la mayor cantidad de dinero?
El primer supuesto es seguir impulsando la venta del avión, una transacción en la que el gobierno podría perder millones. Un estudio de la firma Ascend Flightglobal Consultancy, realizado por encargo de Banobras, estimó en 2015 que si el Dreamliner se vendía a una aerolínea comercial, tendría una pérdida de 58% de su costo, es decir, 128.2 mdd.
Esta pérdida radicaría en que una aerolínea comercial tendría que realizar una fuerte inversión para tener el avión que necesita. “De nada le sirve a tener un avión diseñado para el uso de un mandatario, que tiene un baño enorme, una cámara, etcétera, cuando puede llenarlo con los 248 asientos para los que tiene capacidad”, dijo el vocero de una de las mayores firmas de arrendamiento aéreo de Estados Unidos, que pidió no ser citado.
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El estudio de Ascend Flightglobal Consultancy estima que el costo de los ajustes adicionales del avión fue de 81 mdd, incluyendo labores de ingeniería, la instalación de sistemas, adaptaciones estructurales, equipo de cabina y certificados.
“El gobierno absorberá el costo del castigo, pero aparte el proveedor tendría que calcular el costo de las adecuaciones para otro uso. Toda la adecuación para el avión, de uso presidencial, implicó un gasto adicional, porque no tiene otro uso”, dijo Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo.
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Rentarlo, la otra alternativa, pero…
La otra opción sobre la mesa es rentar la aeronave a un tercero, para lo cual hay un gran mercado en la región. Un estudio de la consultora ICF apunta a que, mientras que 70% de la flota aérea en Norteamérica es propiedad de las aerolíneas y 30% es rentada, en Latinoamérica 59% de la flota es arrendada, y 41% es de las compañías.
Pero este proceso podría resultar en un auténtico desafío para el gobierno, debido a que continuaría absorbiendo costos como el de mantenimiento y las labores administrativas recaerían en la administración federal, para lo cual no tiene experiencia, en un proceso en el que difícilmente recuperaría el dinero invertido ya que requeriría inversiones adicionales, señaló el vocero que pidió no ser identificado.
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Una tercera opción podría dejar a todos contentos: venderla a una empresa arrendadora de aeronaves, bajo el compromiso de rentarla durante un plazo definido. “De esa manera, el gobierno se quitaría de encima todos los costos asociados, podrían recuperar parte de lo invertido y tendría un mejor precio en la renta de la aeronave”, dijo la fuente.
De momento, el avión presidencial podría ocupar un espacio en el hangar presidencial o en la base aérea militar de Santa Lucía, luego de que su estancia en San Bernardino, California, tuvo un costo de 28 millones de pesos a lo largo de 13 meses.
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