La nueva estrategia del gobierno federal consiste en tres opciones: vender la aeronave a una compañía o individuo, a una sociedad –es decir, que dos o más empresas hagan la adquisición en copropiedad–, o bien rentar la aeronave, dijo Jorge Mendoza, director de Banobras, durante la conferencia matutina de ayer. Pero ¿con cuál de estas alternativas el gobierno podría recuperar la mayor cantidad de dinero?
El primer supuesto es seguir impulsando la venta del avión, una transacción en la que el gobierno podría perder millones. Un estudio de la firma Ascend Flightglobal Consultancy, realizado por encargo de Banobras, estimó en 2015 que si el Dreamliner se vendía a una aerolínea comercial, tendría una pérdida de 58% de su costo, es decir, 128.2 mdd.
Esta pérdida radicaría en que una aerolínea comercial tendría que realizar una fuerte inversión para tener el avión que necesita. “De nada le sirve a tener un avión diseñado para el uso de un mandatario, que tiene un baño enorme, una cámara, etcétera, cuando puede llenarlo con los 248 asientos para los que tiene capacidad”, dijo el vocero de una de las mayores firmas de arrendamiento aéreo de Estados Unidos, que pidió no ser citado.
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El estudio de Ascend Flightglobal Consultancy estima que el costo de los ajustes adicionales del avión fue de 81 mdd, incluyendo labores de ingeniería, la instalación de sistemas, adaptaciones estructurales, equipo de cabina y certificados.
“El gobierno absorberá el costo del castigo, pero aparte el proveedor tendría que calcular el costo de las adecuaciones para otro uso. Toda la adecuación para el avión, de uso presidencial, implicó un gasto adicional, porque no tiene otro uso”, dijo Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo.
