La intención de la administración federal por devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex el rol principal en el sector ha resultado, a los ojos de las compañías, en el cierre del mercado que fue abierto tras la reforma energética de 2013.
Este año se ha caracterizado por un estira y afloja entre el gobierno federal y las empresas privadas, que defienden su lugar en un mercado que ya no es exclusivo de la CFE.
Los juzgados especializados en competencia económica e, incluso la Suprema Corte, se han convertido en la desembocadura de la lucha de intereses entre ambos bandos. Hasta ahora, la disputa se ha inclinado más hacia los privados, quienes han logrado suspender gran parte de las nuevas reglas lanzadas desde la administración obradorista. Pero esto no ha logrado un cambio en el discurso del ejecutivo: la CFE debe recuperar el mercado.
Las modificaciones comenzaron un mes después de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19 en el país. La administración federal dijo que había un riesgo para el sistema eléctrico nacional en las centrales eólicas o solares –caracterizadas por su intermitencia, al depender del viento y de las horas de sol– en un momento en que el país necesitaba seguridad en el suministro eléctrico.
Y entonces el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) lanzó un acuerdo que buscaba suspender las pruebas críticas necesarias para la entrada de nuevas centrales renovables al sistema y favorecer a aquellas que funcionan con combustibles fósiles –mayoritariamente propiedad de la CFE– y que resultan, a la vista de la administración, más seguras para el suministro en tiempos de la pandemia.
El acuerdo, que se lanzó en los últimos días de abril, ya se había planeado con anterioridad, dicen algunas fuentes cercanas al proceso. Rocío Nahle, secretaría de Energía, ha aceptado que el acuerdo buscaba dar orden a los cientos de permisos entregados durante la administración pasada.
Golpe al aire
Pero el golpe mayor llegaba pocas semanas después. El viernes 15 de diciembre, la Sener publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), que se publica en torno a las 7 de la tarde, la política de confiabilidad del sistema eléctrico, que tenía como finalidad salvaguardar y asegurar el suministro eléctrico, pero que en la práctica planteó cambios en el orden de despacho y marcaba un nuevo cerco a las energías renovables.
Esta última medida incluso llevó a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que aún sigue en proceso.
Ambas acciones han sido frenadas de manera general por un juez en competencia, es decir, no podrán ejecutarse a ningún participante del mercado eléctrico. En noviembre, la organización ambientalista Greenpeace ganó un amparo definitivo al respecto.
Hasta ese momento los cambios habían sido dirigidos hacia todo el sector, pero fue a finales de mayo que las modificaciones tocaron a unos participantes en específico: los generadores privados de autoabasto, que vieron un aumento de hasta 800% en un pago denominado como porteo de estampilla o térmico y que se refiere a la tarifa que pagan a la CFE por el uso de la red de transmisión.
El programa sectorial de energía, lanzado en julio y que también está siendo peleado en tribunales, planteó el discurso general de lo que la administración busca en el mercado: un mayor uso de combustibles fósiles, como combustóleo, y una participación activa de los órganos reguladores en la política de fortalecimiento de las dos empresas estatales.
La CRE, la principal ejecutora de los cambios
En los siguientes meses la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el regulador del mercado eléctrico, se convirtió en el principal articulador de las acciones que cambiarían la dinámica en el sector eléctrico.
El organismo presidido por Leopoldo Melchi, un exfuncionario de Pemex, ha detenido la mayoría de nuevos permisos de generación, el mercado que la CFE pretende recuperar. Hasta octubre sólo había aprobado 13 de estas solicitudes. Un año antes, también hasta el mismo mes, ya había otorgado 67 de estos.
La parálisis en las nuevas solicitudes se han sumado a otras acciones que incluyen la centralización de emisión de permisos, un freno para la adhesión de nuevos socios a los contratos de autoabasto y la aprobación de dos proyectos para que la CFE contrate más capacidad de generación sin que recurra a las subastas eléctricas o a través de centrales que ni siquiera han sido construidas.
El gobierno federal ya ha iniciado el plan para que la CFE aumente su capacidad de generación. En el segundo plan de infraestructura, destinado a reactivar la economía tras la pandemia, la empresa estatal acapara ocho de los nueve proyectos del sector, a pesar de la falta de recursos de la compañía.
Un memorándum, de julio pasado, podría explicar las últimas acciones en el sector. El jefe del ejecutivo pidió a los reguladores, incluida la CRE, actuar en favor de las dos empresas estatales, a través de acciones como cambiar la manera en que se despacha la energía o la suspensión de permisos a privados.
En noviembre pasado una reunión, en la que se suponía debía definirse el futuro del sector a través de la posibilidad real de presentar una contrarreforma, fue pospuesta sin una nueva fecha definida.
Pero el interruptor que apagará la reforma energética, el emblemático proyecto del sexenio pasado, ya ha sido encendido.
