Una vez aprobada en lo particular, esta deberá de ser discutida y eventualmente aprobada por la Cámara de Senadores en un plazo máximo de 30 días, para así regresar al ejecutivo y ser promulgada.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ha sido el último intento de la administración federal para cambiar en lo legal algunas de las reglas del sector –que en la práctica ya se llevaban a cabo– y aumentar la participación de la CFE en el mercado de generación eléctrica, uno en el que la estatal perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013.
La iniciativa preferente del presidente López Obrador incluye todos los cambios que han sido impulsados desde la Secretaría de Energía y los reguladores del sector a través de políticas y acuerdos, pero que hasta ahora no han sido puestos en marcha debido a una serie de amparos ganados por compañías privadas y organizaciones ambientalistas, y por una fallo de la Suprema Corte a favor de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Hasta ahora en la discusión, los legisladores Morena, el partido del presidente y con mayoría en la Cámara de Diputados, han defendido que este cambio es el primer paso en lo legislativo en contra de la reforma energética, que ha supuesto, en sus palabras, un desmantelamiento a las dos empresas estatales, CFE y Pemex.
Mientras que los partidos de oposición han acusado que la reforma a la LIE supondrá mayores costos en el servicio de energía eléctrica y un cerco a las centrales renovables.
La iniciativa presidencial busca cambiar el orden en que se despacha la energía eléctrica, para utilizar primero la producida por las hidroeléctricas y las centrales propiedad de la estatal CFE –que en su mayoría funcionan a base de combustibles fósiles–.
Así, la energía generada por plantas renovables y propiedad de las compañías privadas quedarían hasta el final de la fila. Organizaciones y especialistas del sector han acusado que esta modificación tiene como finalidad desincentivar el uso de electricidad producida en plantas solares y eólicas, y aumentar la utilización de combustibles fósiles como carbón y combustóleo, este último producido en grandes cantidades por la estatal Pemex.
La reforma también excluye a la CFE de su obligación de recurrir a las subastas eléctricas para contratar nueva energía eléctrica, modifica la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias y hace legal la revocación de permisos de autoabasto, una figura utilizada principalmente por consumidores industriales y que ha crecido en exceso en los últimos años. La iniciativa avanzó este martes a pesar de una serie de argumentos en su contra.
La Cofece, la agencia antimonopolios, ha advertido que la iniciativa viola los principios de competencia económica, condiciona el acceso de privados a la red eléctrica y representan beneficios a la Comisión Federal de Electricidad.
Especialistas también han alertado que la reforma aprobada hasta ahora en lo general viola algunos de los principios contenidos en los tratados internacionales que ha firmado México en materia de comercio, ya que da trato especial a una compañía del Estado y no garantiza el respeto a los contratos firmados por anteriores gobiernos.
