Desde el inicio del sexenio, el gobierno morenista ha buscado diversas formas para modificar las reglas en el mercado eléctrico, argumentando la necesidad de promover la soberanía energética y dar revés a una serie de pérdidas financieras causadas a la compañía hoy dirigida por Manuel Bartlett.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es solo el último intento de la administración federal para cambiar en lo legal algunas de las reglas del sector –muchas de ellas en la práctica ya se llevaban a cabo– y aumentar la participación de la CFE en el mercado de generación eléctrica, uno en el que la estatal perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013.
La iniciativa preferente del presidente López Obrador incluye todos los cambios que han sido impulsados desde la Secretaría de Energía y los reguladores del sector a través de políticas y acuerdos desde hace más de un año, pero que hasta ahora no han sido puestos en marcha debido a una serie de amparos ganados por compañías privadas y organizaciones ambientalistas, y por una fallo de la Suprema Corte a favor de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
La abrumadora mayoría de Morena y sus aliados influyó en la votación: la aprobación en la cámara baja del legislativo se dio con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención.
Las 15 horas de discusión de la iniciativa, que comenzó a medio día de ayer martes, estuvo plagada de argumentos polarizados: entre quienes acusaban a los anteriores gobiernos –el de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón– de crear grandes negocios a la iniciativa privada y subir los precios de la gasolina y electricidad, y los que acusaban que la reforma a la ley es un retroceso al pasado y un cambio con fin meramente electoral.
Pero ningún argumento fue distinto a los utilizados por el presidente en defensa de la modificación a la ley de la Industria Eléctrica.
Los legisladores de Morena defendieron que este cambio es solo el primer paso en lo legislativo en contra de la reforma energética, que ha supuesto, en sus palabras, "un desmantelamiento" a las dos empresas estatales, CFE y Pemex.
Mientras que los partidos de oposición acusaron que la reforma a la LIE supondrá mayores costos en el servicio de energía eléctrica y un cerco a las centrales renovables.
Lo que es cierto es que la reforma aprobada la madrugada de este miércoles supone un cambio en cómo se utiliza la energía generada por centrales de la estatal CFE y las privadas.
La reforma modifica el orden en que se despacha la energía eléctrica, para utilizar primero la producida por las hidroeléctricas y las centrales propiedad de la estatal CFE –que en su mayoría funcionan a base de combustibles fósiles–. Así, la energía generada por plantas renovables y propiedad de las compañías privadas quedarían hasta el final de la fila, a pesar de su menor costo.
Organizaciones y especialistas del sector han acusado que esta modificación tiene como finalidad desincentivar el uso de electricidad producida en plantas solares y eólicas, y aumentar la utilización de combustibles fósiles como carbón y combustóleo, este último producido en grandes cantidades por la estatal Pemex.
La reforma también excluye a la CFE de su obligación de recurrir a las subastas eléctricas para contratar nueva energía eléctrica, modifica la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias y hace legal la revocación de permisos de autoabasto, una figura utilizada principalmente por consumidores industriales y que ha crecido en exceso en los últimos años.
La iniciativa pasó el filtro de los Diputados a pesar de una serie de argumentos en su contra.
La Cofece, la agencia antimonopolios, advirtió que la iniciativa viola los principios de competencia económica, condiciona el acceso de privados a la red eléctrica y representan beneficios a la Comisión Federal de Electricidad. Especialistas también han alertado que la reforma hoy aprobada viola algunos de los principios contenidos en los tratados internacionales que ha firmado México en materia de comercio, ya que da trato especial a una compañía del Estado y no garantiza el respeto a los contratos firmados por anteriores gobiernos.
Ya algunos países, como Estados Unidos y Canadá, han mostrado su preocupación por los constantes cambios de reglas en el sector, y éste solo supondría uno más.
Pero el gobierno del presidente López Obrador ha defendido la facultad de México para modificar las reglas en el sector. Los argumentos en contra abundan, pero la mayoría que tiene el presidente también en el Senado lo acercan un poco más a lograr una de sus metas principales: el fortalecimiento de la estatal CFE.
