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Cuando en 2017 entraron en vigor las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de responsabilidad administrativa y penal de las empresas, e incorporando la figura de las Políticas de Integridad Corporativa, hubo dudas sobre su alcance para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en el sector privado. Ante los ojos de todos, se trataba de una lucha al estilo David y Goliat. ¿Cómo sería posible que, con algunas modificaciones a la ley, pudiera darse un revés a la corrupción, uno de los mayores problemas del país y que limita el crecimiento y el desarrollo económico y social?
Así, iniciamos una conversación creciente sobre la relevancia de las políticas de integridad corporativa y el papel de las empresas en la agenda anticorrupción.
A cinco años de distancia, desde Integridad Corporativa 500 vemos avances en el número de empresas que han incorporado Políticas de Integridad Corporativa. En 2021, la calificación promedio de las 500 empresas más importantes de México, en materia de integridad corporativa, fue de 68.5 sobre 100, un 12% más respecto al promedio alcanzado en 2020, de 61 puntos sobre 100, y de 85% con relación al promedio de 2017, de 37 puntos.
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Otros indicadores confirman los avances. En 2020, una compañía alcanzó 100 puntos. En 2021, suman un total de 20 empresas con la máxima calificación, además de 128 con un puntaje superior a 90 puntos, y otras 271 —más de la mitad— con más de 80 puntos.
Estos años han servido para que el diálogo sobre la importancia de las políticas de integridad corporativa no se quede exclusivamente entre las grandes empresas. Desde las cámaras y asociaciones empresariales vemos acciones coordinadas para promover la adopción de políticas de integridad corporativa entre sus agremiados.