El primer gran cambio regulatorio en el mercado eléctrico del sexenio –presentado en octubre de 2019– pretendía modificar la metodología para la emisión de estos instrumentos. Los CEL fueron diseñados para ser otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a los generadores de electricidad en centrales consideradas limpias que hayan sido construidas después de agosto de 2014.
Pero el gobierno de López Obrador pretendía que estos también fueran otorgados a las viejas centrales de la estatal CFE que funcionan bajo un método no contaminante, como las hidroeléctricas o su planta nuclear, y que fueron construidas antes de la reforma. El cambio no logró echarse a andar, tras una serie de amparos obtenidos por el sector privado y organizaciones ambientalistas. Ahora, en el nuevo documento enviado al Congreso, el gobierno federal ha planteado su desaparición bajo el argumento de que la estatal CFE fue excluida de este mecanismo, a pesar de que genera gran cantidad de energía considerada limpia y que estos instrumentos representan ingresos extras para los privados, según el escrito enviado a Diputados.
“El único incentivo que había actualmente para generar energía con métodos renovables se eliminaría. Definitivamente, sería un retroceso en nuestros compromisos internacionales para mitigar los efectos adversos del cambio climático y creo que eso es un punto que también es trascendental dentro de las implicaciones de esta reforma”, dice Edmond Grieger, socio de la práctica de energía y medio ambiente del despacho Von Wobeser y Sierra.
Hasta ahora, los generadores de energía limpia recibían un CEL por cada megawatt generado, mismo que debía ser comprado por sujetos obligados a adquirirlos, como la estatal CFE, los titulares de contratos de interconexión legados y algunas grandes compañías.
De esta forma, se generó un mercado para que la generación de energía fuera aumentando de manera progresiva para cumplir las metas climáticas del país. Periódicamente, debía aumentar el número de CEL que debían ser adquiridos, y con ello se aumentaría la construcción de nuevas centrales. “Eran un incentivo de mercado, no un incentivo fiscal, para promocionar inversiones en el sector eléctrico, de energía renovable y energía limpia, que tenían un propósito subyacente y era que México pudiera conseguir sus metas a nivel internacional de reducción de emisiones a la atmósfera”, explica Miguel Ángel Mateo Simón, socio de Hogan Lovells.
Así, los generadores de energía renovable recibían, además de los ingresos por venta de electricidad, una suma por la venta de estos certificados. De acuerdo con las fuentes del sector, las centrales de reciente creación perciben alrededor del 30% de sus ingresos a través de la venta de estos instrumentos. Sin estos, muchas de estas plantas no podrán tener el capital suficiente para pagar el financiamiento bajo el cual fueron construidas, dicen los participantes del mercado.
El gobierno federal ya había dado un primer golpe a este mecanismo, después de que canceló la cuarta subasta de largo plazo, de donde salían la mayoría de nuevos proyectos solares y eólicos, que a su vez adquirían y venderían CEL a los miembros de la industria que necesitaban certificar que habían aumentado el uso o el financiamiento a este tipo de energía.
El documento de reforma establece que la estatal CFE será el organismo encargado del proceso de transición energética, pero no adhiere otros mecanismos que garanticen el incremento en el uso y generación de energía bajo métodos no fósiles, como los que utiliza la empresa eléctrica nacional. “Ahora el único que tendría la posición para generar incentivos sería la CFE”, dice el abogado de Hogan Lovells.
Hasta ahora, México ha fallado en todas sus metas relacionadas con aumentar su generación de energía renovable.
