La fiebre por el litio, que se mantiene como uno de los componentes esenciales rumbo a la transición energética, ha traído una ola de nacionalismo a los países de América Latina, que históricamente han sido los proveedores de materias primas de las grandes economías, pero sin recibir a cambio beneficios en sus regiones.
Ese nacionalismo, impulsado por los gobiernos de izquierda de países como Perú y Chile, han tenido gran eco en la retórica mexicana. La intención no fue nueva, pero el gobierno ha decidido voltear hacia el cono Sur y tomarlo de ejemplo. Argentina, Chile y Bolivia, la región que es conocida como el ‘triángulo del litio’ porque aguarda más del 60% de las reservas mundiales del mineral, comparten fronteras, pero las decisiones que han tomado respecto al litio han sido distintas y los resultados también.
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Bolivia
Bolivia es quizá el caso más retomado por el gobierno mexicano. El país es reconocido como el principal poseedor de litio, con cerca del 27% de las reservas mundiales, fundó en 2017 Yacimientos de Litio Boliviano –más de una década después de que Evo Morales se convirtiera en presidente e hiciera las primeras promesas en torno al litio–, pero aún no se cuela en los primeros lugares de grandes productores. La lista la encabeza Australia, Chile, China y Argentina. Los dos países latinoamericanos tienen como común denominador la inyección de capital privado, los otros dos acumulan décadas de experiencia, grandes montos de presupuesto e incidencia en otros países poseedores del mineral. El mayor yacimiento de México , ubicado en Sonora, está en manos de la empresa china Gangfeng.
Yacimientos de Litio Boliviano se creó para cumplir con el marco normativo que establece que solo el Estado boliviano podría participar en la extracción del mineral, por considerarlo como un recurso estratégico. Los salares de Bolivia han sido declarados como reservas fiscales y ninguna compañía puede explotarlos. Una idea similar a la que rige los cambios a la Ley Minera impulsada por el presidente López Obrador.
Pero Bolivia tuvo que flexibilizar su premisa y permitir la participación de capital privado hace un par de años. Cerró para el Estado la explotación del litio, pero permitió a compañías privadas participar en la transformación del mineral, a través de la elección de socios estratégicos.
La explotación del mineral le tomó más de una década. El plan boliviano inició en 2008, los estudios de las reservas se hicieron en 2013 y para 2017 se iniciaron las pruebas pilotos de cuatro plantas para la transformación del litio. Y algo similar podría suceder en el caso mexicano. El proceso toma tiempo y está formado por distintas fases: la prospección, la exploración, la evaluación económica, la factibilidad y explotación, explican los expertos en el tema. La parte industrial de la cadena de producción es un proceso de más tiempo.
México apenas se encuentra en la fase de prospección y aún sin datos tangibles sobre la cantidad de litio que hay en el territorio. “Espero que sea algo muy general lo que va a salir en estos 90 días de fecha límite después de la aprobación de la ley para que no nos comprometamos con algo que se quede como un elefante blanco. Es importante que se hagan las cosas bien. Hay un potencial importante, ojalá que al menos durante este año se recabe más información y con base a esto se pueda ir desarrollando esta potencial empresa del Estado”, dice Luca Ferrari, un académico de la UNAM.
La estatal boliviana tenía en puerta dos alianzas antes de la crisis política que llevó a Evo Morales a exiliarse. El gobierno boliviano había anunciado dos alianzas, con una empresa china y una alemana. La segunda llevaría al país a entrar al mercado europeo y exportar baterías de litio. Pero todo ha quedado en pausa por la crisis política que atraviesa el país desde 2019.
Chile
El caso chileno es totalmente distinto, aunque el recién electo gobierno del izquierdista Gabriel Boric ha prometido dar un cambio que abona al nacionalismo que ha emergido en la región. Chile es el segundo país con más reservas del litio y el segundo productor a nivel mundial, solo detrás de Australia. El país sudamericano suma más de cinco décadas explotando el mineral y quizá a parte de ello debe colarse al inicio de la lista, pero también a las inversiones privadas que por años han extraído y producido el mineral conocido coloquialmente como oro blanco. Los primeros estudios datan de 1969, cuando las baterías eléctricas y la descarbonización aún no eran elementos centrales en las economías. Desde ese año el Ministerio de Minería de Chile designó al primer equipo de geólogos para crear las primeras bases de datos del mineral.
Chile ha destinado su potencial a exportar el mineral, y la transformación del litio lo ha dejado a las compañías extranjeras que lo llevan a sus países para crear baterías y otros productos. Pero Boric ha hecho una promesa al pueblo chileno: crear una nueva empresa estatal del litio y así, la dinámica del país sudamericano podría cambiar sumándose a la tendencia latinoamericana. Pero un revés llegó antes que Boric: la justicia chilena ordenó en enero la suspensión de una licitación para explotar 160,000 toneladas de litio en la región de Atacama, que había sido concedida a una empresa china y otra chilena.
Argentina
Argentina también se ha abierto a la inversión privada. El litio en el país de la punta sur del continente comenzó a explotarse en 1980, aunque su explotación se intensificó en la década de los 2000. El modelo argentino deja a los gobiernos estatales la rectoría del recurso, pero deja abierta a la alianza con otras compañías extranjeras con experiencia en la actividad. Los datos del gobierno argentino dicen que el país cuenta con 19 proyectos mineros, aunque solo dos en fase de explotación. La prospectiva de la nación sudamericana es lograr en los próximos años una producción de 375,000 toneladas de litio, desde las 37,500 que produce actualmente.
México comenzará la creación de una nueva empresa arrastrando con un antecedente fallido: Uramex. La desaparecida empresa estatal se ideó a finales de la década de los 70 con la intención de extraer uranio para incentivar la generación vía centrales nucleares. Pero la idea de la compañía se quedó solo en la intención de desplazar a los combustibles fósiles. La falta de recursos y la ausencia de interés del gobierno que precedió dejó al mineral fuera de las prioridades gubernamentales y a Uramex como una promesa. El último intento por crear una compañía estatal en el país ha sido del gobierno obradorista con la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. La compañía está a punto de cumplir tres años de su creación, pero aún sin ningún paso en firme. La intención fue de nuevo política y no económica: llevar internet a todas las regiones a donde las empresas privadas no han llegado.
“No es un secreto, la gran crítica a la parte de las empresas públicas en diferentes sectores, pero sobre todo el energético, es el tema de que hay mucha corrupción y de que son ineficientes. Es el 'coco’ de las empresas públicas en todos los países y en toda la literatura, y la politización de las decisiones, que no se toman decisiones por razones de eficiencia o racionalidad de la explotación de la actividad económica, sino por razones políticas”, dice César Hernández, un ex funcionario y especialista del tema.
